Maniobra contrarreloj de Cristina para evitar que le decomisen los bienes

Al filo del plazo que la Justicia le otorgó a los condenados por el caso Vialidad para que devuelvan los más de 530 millones de dólares que, según la sentencia, deben restituirle al Estado, la expresidenta, Cristina Kirchner, reclamó desde su prisión domiciliaria que se anule esa decisión y se suspenda la ejecución de sus bienes. Además, cuestionó la forma en la que se calculó el monto de la demanda y anticipó que irá a la Corte Suprema.

“No tengo bienes producto del delito”, contestó la exmandataria en un documento presentado ante los jueces del Tribunal Oral Federal N°2 que la condenaron, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Agregó que el cálculo del dinero que se le exige depositar es “un disparate jurídico”.

La presentación fue firmada por su abogado, Carlos Beraldi. En paralelo, la expresidenta hizo otro planteo ante los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, de la Cámara de Casación, para recurrir el monto del decomiso y les pidió que “ordenen dictar un nuevo fallo conforme a derecho y suspendan la ejecución patrimonial hasta que haya sentencia firme sobre el monto”.

Cristina tiene plazo hasta la mañana de hoy para hacer frente al pago, al igual que Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, y el resto de los acusados. La cifra de 530 millones de dólares es la avalada por el juez Gorini después de los informes presentados por los peritos de la Corte Suprema, de los representantes del Ministerio Público Fiscal y del perito de parte.

En la práctica, la exjefa de Estado no estaría dispuesta a depositar ni un peso y podría intentar seguir con su reclamo en la Corte.

“Toda mi evolución patrimonial, al igual que la del resto de la familia Kirchner, resulta absolutamente legítima”, argumentó Cristina, y dijo que así lo acreditan los fallos en los que fue sobreseída por enriquecimiento ilícito: “Esta afirmación no es una elucubración defensista, sino se sustenta en pronunciamientos judiciales pasados en autoridad de cosa juzgada”, subrayó.

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En ese sentido, insistió: “No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende sean decomisables”. A la par, consideró que el Tribunal que la juzgó no es competente y que su caso debe tramitar en el fuero civil y comercial.

Pidió también que se excluyan los bienes de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, ya que son ajenos a la causa de Vialidad y que además fueron adquiridos por sus padres en fechas anteriores a los hechos por los que fue condenada.

La puja por el monto

Para la exjefa de Estado, el dinero que se le exige es el resultado de una cuenta que “se tomó como definitiva sin debate previo, afectando el derecho de defensa y el principio de juez natural”.

El abogado Beraldi discutió la cifra reclamada al advertir que la decisión adoptada por el TOF 2 “carece de la más mínima fundamentación. Ello así, pues pese a las discrepancias notorias entre las metodologías propuestas por los peritos intervinientes, para actualizar el monto de decomiso el Tribunal adoptó el índice de precios al consumidor (IPC), sin explicar por qué descartó alternativas técnicas sólidas como la aplicación de tasas bancarias. Ello vulnera las exigencias constitucionales y legales que rigen la validez de las decisiones judiciales”.

Los peritos contables de la Corte concluyeron que el decomiso en la causa en la que la expresidenta fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado debe ser por 684.990.350.139,86 pesos. Ese cálculo fue ratificado por el tribunal integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

En contraposición a esa cifra, el perito que asumió en representación de Cristina, José Lucas Gaincerain estimó que ella y los demás condenados debían responder por solo $42.494.357.845,17.

Beraldi recriminó que se haya elegido el IPC del Indec “sin justificar “ y se preguntó por qué se descartaron otros métodos, “como tasas bancarias”. A modo de ejemplo, indicó que la metodología usada es “técnicamente inadecuada, genera valores artificialmente altos y es contraria a precedentes”, incluso del mismo tribunal, donde se aplicaron tasas bancarias. Citó el caso Hotesur, donde se empleó la tasa activa del Banco Nación, “que en este caso arrojaría cifras cien veces menores”, sostuvo en el escrito judicial.

Con el método usado, el monto en dólares triplica el valor que resultaría de criterios aplicados por la propia Fiscalía en otros cálculos, insistió el abogado.

Por eso, Cristina Kirchner se quejó de recibir un “trato desigual y arbitrario”.

En su escrito ante la Casación, la expresidenta avisó que, en caso de que no le den la razón, se reserva la facultad de recurrir a la Corte para cuestionar el monto del decomiso y no descartó la posibilidad de acudir a “organismos internacionales competentes en materia de derechos humanos”.

Los condenados deben devolver más de US$530 millones por el perjuicio contra el Estado