Gobernadores presionan para modificar la coparticipación y reclaman más fondos

La discusión por los recursos federales volvió a encender tensiones políticas. Gobernadores de distintas provincias, y de variados signos partidarios, decidieron unir fuerzas contra el Gobierno nacional para reclamar cambios de fondo en el sistema de coparticipación. Tras semanas de negociaciones fallidas con funcionarios de la Casa Rosada, los mandatarios impulsaron en el Senado dos proyectos de ley que buscan reconfigurar la distribución de impuestos clave y eliminar fondos fiduciarios que hoy maneja discrecionalmente el Poder Ejecutivo.

La avanzada fue presentada a través de senadores de bloques como el PJ, la UCR, el PRO y partidos provinciales. Entre los firmantes figuran nombres de peso como los jefes de los bloques peronistas José Mayans, Fernando Salino y Juliana Di Tullio; Eduardo Vischi (UCR); Alfredo De Angeli (PRO); Mónica Silva (Río Negro); Edith Terenzi (Despierta Chubut) y Carlos “Camau” Espínola (Provincias Unidas), además de Martín Lousteau y Carolina Moisés. La amplitud del respaldo muestra que el reclamo por una nueva coparticipación no es patrimonio de un solo espacio político, sino una bandera compartida por casi todas las provincias.

Impuesto a los combustibles

Uno de los proyectos presentados propone reformar la distribución del impuesto a los combustibles líquidos, un tributo de altísima recaudación. Según la iniciativa, el 14,29% de esos fondos quedaría para el Tesoro Nacional; el 52,02% se destinaría a las provincias y el 28,69% se aplicaría al financiamiento del Sistema Único de Seguridad Social.

A su vez, la porción que corresponde a las provincias se repartiría un 25% en partes iguales entre todas las jurisdicciones, y el 75% restante se distribuiría según los actuales índices de coparticipación federal. Esta combinación busca dar algo de alivio a las provincias más chicas, pero sin alterar radicalmente el criterio poblacional y económico que hoy guía la distribución.

“Son recursos con afectación específica que administra el Gobierno Nacional, pero que no son propios. El cambio propuesto no afecta las finanzas públicas nacionales”, destacan los fundamentos del proyecto. Los legisladores argumentan que, en medio de la crisis fiscal, resulta cada vez más difícil justificar fondos destinados a objetivos específicos cuando las provincias tienen dificultades para sostener servicios básicos como educación, salud, seguridad y justicia.

Eliminación de fondos fiduciarios

Otra parte central de la propuesta implica eliminar varios fondos fiduciarios, entre ellos el de Infraestructura de Transporte, el Sistema Vial Integrado, el Compensador del Transporte, el Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y el Nacional de la Vivienda. Muchos de esos fondos habían sido eliminados por el actual Gobierno nacional, pero sin que los recursos quedaran automáticamente a disposición de las provincias.

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“Estos fondos eran administrados por la Nación, pero en rigor representan recursos que pertenecen a las provincias. Su eliminación sin redistribución ha dejado un vacío de financiamiento que profundiza las desigualdades”, explican senadores del oficialismo y la oposición. Para las provincias, la desaparición de estos fideicomisos sin compensación directa supuso perder obras, subsidios y programas estratégicos.

Aportes del Tesoro Nacional

El segundo proyecto ingresado en el Senado apunta de lleno a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un instrumento históricamente usado por el Gobierno nacional para asistir a provincias en emergencia o con desequilibrios financieros. Hoy, esos recursos se distribuyen de manera discrecional, lo que provoca críticas por supuestos favoritismos políticos.

La propuesta busca incorporar los ATN a la masa coparticipable, para que se distribuyan automáticamente todos los días entre las provincias según los coeficientes establecidos por la Ley de Coparticipación Federal. Los senadores consideran que “el contexto económico actual amerita dicha medida en virtud de que el Fondo prevé atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros”. En otras palabras, que no quede en manos del Ejecutivo decidir a quién auxiliar y a quién no.

Buenos Aires, la más perjudicada

Si bien el reclamo une a mandatarios de distintas provincias, el caso de Buenos Aires sigue siendo el más extremo. Con más del 38% de la población del país y un peso económico decisivo en la recaudación nacional, la provincia más grande recibe apenas alrededor del 22% de la masa coparticipable. Esta brecha histórica -nunca saldada desde la reforma- limita severamente la capacidad de la Provincia de financiar sus gastos básicos.

En términos concretos, Buenos Aires aporta muchos más fondos al fisco nacional de los que recibe, una situación que se volvió más visible durante las crisis económicas, cuando aumentan las demandas sobre el Estado provincial. Desde hace años, gobernadores de todos los signos reclaman una “reparación histórica”, pero los cambios nunca terminan de concretarse.

Un conflicto que recién empieza

Con un escenario de ajuste fiscal, caída de la recaudación y crecientes tensiones políticas, la discusión sobre la coparticipación promete convertirse en uno de los temas más calientes de la agenda entre Nación y provincias. Para los gobernadores, no solo está en juego la autonomía financiera de sus distritos, sino también la capacidad de sostener servicios esenciales y obras de infraestructura.

Mientras tanto, el Gobierno nacional se muestra reticente a abrir el debate, temeroso de que cualquier cambio implique resignar recursos clave para el equilibrio fiscal. Sin embargo, la presión crece y el frente provincial parece más decidido que nunca a dar la pelea.

La pulseada, que lleva décadas sin solución definitiva, podría redefinir el mapa del poder fiscal en la Argentina y determinar la calidad de vida de millones de ciudadanos, especialmente en provincias como Buenos Aires, que siguen cargando con el peso de una injusticia histórica en el reparto de fondos.