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Política y Economía |TRAS LA CONDENA JUDICIAL QUE OBLIGA AL ESTADO ARGENTINO A DESPRENDERSE DEL 51% DE LAS ACCIONES

Reacción por YPF: el Gobierno reclamó suspender el fallo

Presentó ante la Justicia de Nueva York una medida cautelar para evitar la ejecución de la sentencia y apelará en los próximos días. Además, le advirtió a los demandantes que no piensa negociar con ellos

Reacción por YPF: el Gobierno reclamó suspender el fallo

Presentación argentina en el juicio por YPF / NA

2 de Julio de 2025 | 02:21
Edición impresa

La República Argentina le pidió ayer a la jueza federal de Nueva York Loretta Preska suspender el fallo que pretende obligar al Estado a entregar el 51 por ciento de las acciones de la petrolera estatal YPF a los fondos de inversión que iniciaron la demanda. En una carta enviada a la magistrada, el gobierno del presidente Javier Milei le anticipó también que presentará una “apelación formal” en los próximos días.

En su presentación, la Argentina destacó que el gobierno estadounidense ha apoyado su postura y argumentó que conceder la suspensión es “crucial”.

El lunes, Preska ordenó a YPF entregar la mitad más uno de sus acciones para compensar a dos fondos que denunciaron haber sido perjudicados durante la expropiación de la empresa en 2012.

Según informó Sebastián Maril, director de Latam Advisors y especialista en los juicios que afronta la Argentina en el exterior, en su presentación la Argentina advierte que, de no ser otorgada la apelación, acudirá a un tribunal superior para conseguirla.

Además, le recuerda a la magistrada que el Gobierno de Donald Trump apoyó al país.

“La República Argentina solicitó (mediante una medida cautelar) a la jueza Loretta Preska la suspensión del fallo que ordena la transferencia de sus acciones de YPF a los acreedores judiciales”, precisó Maril.

Fuentes de la Casa Rosada aclararon que el gobierno argentino no se sentará a negociar con el fondo Burford Capital hasta que no haya resolución definitiva al pleito legal.

La estrategia es apostar a disputar el monto final de la sentencia -calculada en US$ 16.000 millones- porque aseguran que hay razones legales para reducirla, según fuentes cercanas a la Casa Rosada.

La Procuración del Tesoro, incluso, podría pedir la suspensión del fallo de Preska directamente a la Corte de Apelaciones, que es una segunda instancia.

En la Casa Rosada mencionan que la sentencia, tal como fue determinada por la jueza, es de “cumplimiento imposible”.

“No hay posibilidad alguna de acatar ese fallo mientras sea solamente una decisión de primera instancia”, dijo una fuente oficial.

Tras un fuerte operativo de seguridad durante su ingreso a Casa Rosada, Milei retomó el liderazgo de los encuentros que nuclean a varios miembros del Gabinete. En esta oportunidad, a casi dos meses del último, los funcionarios se dieron cita durante más de dos horas en el Salón Eva Perón, en una de las reuniones más extensas de las gestión por el tema YPF.

INTRÍNGULIS JUDICIAL

En líneas generales, la condena contra el país es porque la jueza Preska interpretó que la expropiación de YPF, concretada en 2012 durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner y con aval del Congreso, se hizo omitiendo realizar la Oferta Pública de Adquisición que indica el estatuto de YPF y se le pagó 5.000 millones de dólares a la española Repsol (operadora de la petrolera en ese momento) perjudicando a acreedores que habían comprado acciones en Nueva York -donde cotiza YPF-, lo que dio lugar al litigio en los tribunales neoyorquinos. De hecho, estudiosos del caso recuerdan que el juicio surge del incumplimiento de una promesa realizada por el gobierno de Carlos Menem, cuando en 1993 recurrió a Wall Street para privatizar la empresa, recaudando 1.100 millones de dólares bajo las leyes y regulaciones del mercado de capitales de Estados Unidos.

Un actor clave en la reestatización de YPF por la que ahora la Argentina fue condenada es el Grupo Petersen, que el 21 de febrero de 2008 compró las acciones de YPF a Repsol. Primero pagaron US$1100 millones por el 14,9% del paquete accionario y luego US$2200 millones por el 10,1% restante, de acuerdo con los valores de mercado de entonces. Para financiar la operación, Petersen tomó créditos de un consorcio de bancos europeos y se comprometió a pagar con dividendos de sus acciones en la compañía. Sin embargo, cuando el gobierno de Cristina avanzó con la expropiación suspendió el pago de dividendos. Eso precipitó la quiebra del grupo empresario, al no poder cumplir con los bancos y años después el fondo Burford Capital compró los derechos para litigar.

La Corte de Apelaciones de Nueva York deberá resolver la apelación de la Argentina al fallo de primera instancia de la jueza Preska, mientras los demandantes preparan su ofensiva con pedidos de embargos y argumentos como que el Estado argentino e YPF “son lo mismo”.

LA PRESENTACIÓN DE LA DEFENSA ARGENTINA A LA JUSTICIA ESTADOUNIDENSE

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