Estaciones de servicio en desuso, un riesgo latente en La Plata: el mapa de las abandonadas

El fuego, el derrumbe y el desconcierto desde la mañana del miércoles 16 de julio en la esquina de diagonal 77 y 48 sacudieron a La Plata. Lo que parecía un episodio aislado de siniestro urbano terminó por destapar una problemática mayor: el estado de abandono y la falta de control sobre antiguas estaciones de servicio cerradas, aunque en este caso las llamas se expandieron por la gran cantidad de electrodomésticos que había en el depósito ilegal.

La que ardió en pleno centro platense funcionó durante casi medio siglo y estaba clausurada desde hace más de 20 años. Tras el siniestro, se supo que el predio -sin habilitación alguna- era usado para lo que anteayer sirvió de propagación rápida del fuego y temor para los vecinos. Pero más allá de las llamas, lo que quedó fue un hueco urbano, literal y simbólico, que abre una incómoda pregunta: ¿cuántas estructuras similares hay en la Ciudad? ¿Qué pasa cuando una estación de servicio deja de funcionar?

El caso no es aislado. La Plata y su región cargan con decenas de estructuras oxidadas, predios baldíos y esqueletos de hormigón donde alguna vez funcionaron estaciones de servicio. Algunas tienen el cartel borrado por el tiempo, otras mantienen viejos surtidores como vestigio de otro tiempo.

Muchas están tapiadas; otras, vandalizadas. Lo cierto es que su sola presencia, en silencio, representa un riesgo latente.

Un mapa de riesgo

Las esquinas de 1 y 60, 12 y 48, 12 y 64, 7 y 72, 10 y 524, 2 y 43, diagonal 73 y 62, diagonal 105 y Plaza Güemes, 118 y 520, 26 y 66, 139 y 520, Diagonal 73 y 22, camino Centenario y 407, 44 y 24, Diagonal 80 y 118, camino General Belgrano y 508, Ruta 36 y 526, 44 y 208, Ruta 6 y 44 integran un listado -no exhaustivo- de estaciones que llevan años o décadas en desuso. Algunos tuvieron principios de incendio, como la de 1 y 60. También ocupada ilegalmente como algunas otras que, además, sufrieron el deterioro natural del abandono.

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Frente a estos casos, existen pocos antecedentes de reconversión exitosa. Algunas estaciones fueron reemplazadas por comercios o viviendas tras complejos procesos de remediación ambiental y extracción de tanques de combustible: 12 y 60, 13 y 40, 18 y 43, 9 entre 60 y 61, Diagonal 102 y Parque San Martín, Camino Belgrano y 471, 66 y 143, Camino Centenario y 502, 32 y 115, Diagonal 74 y 31 o camino General Belgrano y 506 son los casos más destacados.

La historia del combustible en Argentina está anclada al desarrollo urbano e industrial. La llegada del petróleo, el nacimiento de YPF en 1922 y la instalación de los primeros surtidores en Mar del Plata y Buenos Aires marcaron una época. En La Plata, Energina -marca pionera- instaló sus primeros surtidores en los años 30’ -una década antes ya estaba en la capital nacional-. A partir de allí, las estaciones proliferaron.

La crisis de los noventa

Durante el auge del peronismo, la nacionalización del petróleo impulsó la instalación de estaciones en todo el país. Pero la crisis de los 90 cambió el panorama. La apertura del mercado, la falta de control y las nuevas normativas hicieron que de las más de 100 estaciones que tenía la Región, un 20 por ciento cerrara entre fines del siglo pasado y principios del actual. Algunas sobrevivieron hasta la década del 2000. Desde entonces, la ordenanza impide establecer nuevas estaciones salvo que reemplacen a otras que ya existían.

El resultado fue un mapa de estructuras abandonadas. Algunas fueron rápidamente reconvertidas. Otras quedaron en el olvido. Y unas pocas, como la incendiada en 77 y 48, fueron utilizadas de manera ilegal.

normas, proyectos y olvidos

Existen leyes provinciales como la 11.720 y su decreto reglamentario 860/97, que regulan la actividad de las estaciones de servicio y sus cierres. El decreto 94/14 del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) también establece condiciones ambientales. La ordenanza municipal 10.250 (año 2006) refuerza esa normativa a nivel local.

Pero la realidad demuestra otra cosa: el descontrol. Desde 2004, el bloque EF del Concejo Deliberante platense presentó proyecto para crear un registro oficial de predios que funcionaron como estaciones de servicio. En 2008, el Frente para la Victoria pidió un relevamiento. En 2014, José Arteaga hizo lo mismo desde su banca. En 2019, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP -a través del Centro de Acción Urbano Ambiental (CAUA)- solicitó información a la Municipalidad de La Plata. La respuesta fue vaga: no existía un registro formal de pasivos ambientales.

Se estimaba que entre 15 y 20 estaciones estaban abandonadas. Pero el número es seguramente mayor. No se sabe con certeza cuántas hay, en qué estado están ni qué planes existen para remediarlas. No hay estrategias ni control sostenido. Sólo hay estructuras que se oxidan.

El caso de diagonal 77 y 48 dejó, además de un edificio semiderrumbado, otras secuelas: miedo, preguntas y reclamos. Vecinos sostuvieron que el lugar había sido denunciado por actividad irregular. Otros señalaron que el riesgo era conocido. Las llamas fueron, en definitiva, la alarma final.

Hoy, lo que era una estación modelo hace 50 años es una ruina. Su historia resume el problema: el paso del tiempo, la falta de planificación, el abandono. Y, sobre todo, la desconexión entre lo que marca la ley y lo que ocurre en la práctica.

El proceso de cierre

El procedimiento al clausurar una estación está regulado por varias normativas. El combustible que alguna vez se expendió allí se almacenaba en tanques de hierro, con capacidades que oscilan entre los 5.000 y 20.000 litros. Esos tanques, enterrados bajo tierra, pueden causar filtraciones con el paso del tiempo si no se los trata correctamente.

Existen dos vías: la extracción del tanque es lo más seguro, aunque costoso. El tanque debe ser removido, transportado y destruido por empresas habilitadas (habitualmente por las petroleras dueñas); como también es posible la inertización: si el tanque no puede extraerse, se lo llena con un material inerte (generalmente arena seca o lechada de cemento) y se lo sella para evitar colapsos o filtraciones.

Una vez removidos los tanques -responsabilidad de la petrolera-, es obligatorio realizar un análisis de suelos mediante consultora habilitada para detectar contaminación por hidrocarburos (nafta, diesel, aceites). Esto se realiza con calicatas o perforaciones, monitoreo de napas freáticas, y ensayos de laboratorio.

Concluido el proceso, se debe presentar un informe técnico ante las autoridades. El terreno puede cambiar de uso solo si no quedan contaminantes y si está certificado -Municipio mediante- como “apto para uso residencial o comercial”.

No realizar ese tratamiento convierte al predio en un pasivo ambiental: una instalación inactiva que representa un riesgo para el ambiente y la salud. Los tanques corroídos, cañerías oxidadas y paredes con residuos de combustible son un peligro latente que puede contaminar napas, generar residuos peligrosos y causar siniestros.