El Banco Central investiga a la AFA por presuntas maniobras cambiarias por unos US$ 240 millones

Un nuevo frente de investigación se abrió contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, a partir de un sumario iniciado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) por presuntas infracciones a la ley penal cambiaria que involucrarían operaciones por alrededor de US$ 240 millones.

El foco del expediente está puesto en pagos en dólares recibidos desde el exterior durante los años en que rigió el cepo cambiario, que la AFA no habría liquidado en el mercado oficial, tal como establecía la normativa vigente. Se trata de ingresos vinculados a contratos de sponsoreo de la Selección Argentina, derechos de televisación y distintos fondos provenientes de FIFA y Conmebol, entre premios, subsidios y aportes extraordinarios.

Qué investiga el Banco Central

La investigación está a cargo de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, que si bien no regula directamente a la AFA como entidad, sí tiene competencia para controlar que las operaciones cambiarias cursadas a través del sistema financiero local cumplan con la normativa.

Según fuentes con acceso al expediente, las alertas en el BCRA se activaron hace varios meses. Desde septiembre de 2024, el organismo habría solicitado explicaciones a la conducción de la AFA en reiteradas oportunidades y, ante la falta de respuestas consideradas satisfactorias, avanzó ahora con la apertura formal del sumario cambiario, que será notificada en las próximas horas.

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Las operaciones observadas se concentran principalmente entre 2019 y 2021, años en los que se reimpusieron los controles cambiarios y se endureció la normativa para el ingreso y liquidación de divisas. Durante los períodos sin cepo, los pagos del exterior a la AFA se realizaban con normalidad, pero con el regreso de las restricciones, el Central sostiene que la entidad modificó la modalidad de cobro de los dólares.

En ese contexto, los investigadores analizan una serie de contratos con empresas y entidades con sede en el exterior, y también observan esquemas previos al inicio del sistema de cobro en el que luego intervino el empresario Javier Faroni, a través de la firma Tourprodenter, como una alternativa para sortear las limitaciones cambiarias.

Sponsoreo, TV y fondos internacionales

Uno de los ejes centrales del sumario es el contrato de sponsoreo con Adidas, vigente desde noviembre de 2017, por un monto total comprometido de 260 millones de euros hasta 2030. Según el BCRA, a partir de 2019 la AFA dejó de canalizar esos pagos como ingresos comerciales y los habría reclasificado como donaciones, una figura exceptuada de la obligación de liquidar divisas al tipo de cambio oficial.

De acuerdo a la investigación, desde la segunda mitad de 2020 se habrían recibido bajo esa modalidad casi 95 millones de euros, que para el Central no reunían las condiciones para ser considerados donaciones y, por lo tanto, debían haber sido convertidos a pesos.

También están bajo análisis dos contratos de televisación internacional, uno con FSLA Holdings (Fox Sports) junto a Imagen Satelital (IMSA), por unos US$ 45 millones, y otro con ARG Football Distribution, por alrededor de US$ 65 millones que tampoco habrían sido liquidados en el mercado oficial.

Las últimas líneas de investigación apuntan a fondos provenientes de FIFA y Conmebol, que incluyen subsidios para el fútbol femenino, ayudas excepcionales durante la pandemia, premios por competencias internacionales y reintegros por concentraciones de la Selección en el exterior.

El impacto del cepo

La normativa cambiaria vigente durante el cepo establecía que los dólares recibidos desde el exterior debían ser ingresados y liquidados en el sistema local, es decir, vendidos al tipo de cambio oficial. En un contexto de brecha cambiaria elevada, esa conversión implicaba una pérdida económica significativa, uno de los puntos que el Central busca determinar si motivó las maniobras investigadas.

El sumario se encuentra en etapa administrativa y podría derivar en sanciones económicas y eventuales denuncias penales, en función de lo que arroje el avance de la investigación.