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Hace décadas que la Región carece de una política forestal ajustada al enorme patrimonio arbóreo de que dispone, en el caso de La Plata desde los tiempos de la fundación. Y esa falta de política cuenta con una palmaria demostración, ya que se carece en nuestra zona, desde hace muchos años, de un censo forestal, que permita obtener conclusiones valederas y determinar qué es lo que debería hacerse.
Hay otros factores que inciden en lo que hoy se denomina maltrato del arbolado, tema sobre el que este diario trató en ediciones anteriores. El primero de ellos se basa en que muchos vecinos ignoran que el árbol que está en las veredas, enfrente de sus casas, no es suyo, sino que es propiedad de las municipalidades. Sin embargo, muchos frentistas actúan como si el árbol fuera propiedad de ellos. .
Las extracciones inconsultas están a la vista. Muchas obras de construcción –sobre todo las de los dúplex, tan de moda en localidades de la periferia- suelen empezar por la extracción de árboles en las veredas. Después, cuando la obra avanza y se detecta dónde estarán las cocheras, se advierte que los árboles preexistentes no ocupaban esos espacios y que no hacía falta alguna talarlos.
Otro serio problema lo plantean las podas excesivas, realizadas por cuadrillas municipales o particulares, que en el caso de los tilos resultan ser verdaderamente mutilatorias. Estas intervenciones, desaconsejadas por los especialistas, se dan en un contexto de repetidos reclamos de frentistas y entidades ambientalistas por el descuido hacia ciertas especies y ejemplares que se encuentran en las veredas, plazas y paseos públicos.
Un ingeniero agrónomo aludió a estas “poda grosera” que se vienen dando desde hace muchos años, que eliminan ramas de distintas especies de árboles, los descopan y finalmente “desequilibran al ejemplar, que puede quedar expuesto a inclinarse hacia un costado por mayor peso y ahí se vuelve peligroso”.
En un caso que se planteó el año pasado en el distrito de Ensenada, una jueza platense en lo contencioso administrativo ordenó suspender de manera inmediata la poda y extracción de ejemplares del arbolado público tras una presentación que realizaron vecinos, que denuncian que dicha comuna realizaba un serio daño ambiental y que no contaba con un plan regulador que controlara esa actividad en las especies urbana y no urbanas.
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En su sentencia , al hacer lugar al reclamo, la jueza resaltó que el arbolado en calles, plazas y paseos constituye un bien colectivo “destinado al uso público”, que además de su valor estético y paisajístico provee infinidad de beneficios ecosistémicos de relevancia.
De existir una cultura asentada en este sentido, no debiera hacer falta recurrir a los estrados judiciales para que tengan cumplimiento las leyes provinciales y las ordenanzas municipales, que tienen reglas precisas para una atención del arbolado público acorde a su importancia de bien común.
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