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De la enorme población carcelaria existente en la Argentina, con 137.031 personas privadas de libertad -la mitad de la cual se encuentra en penales de la provincia de Buenos Aires- más del 65 por ciento es reincidente. Es decir, al cumplir su condena y salir, vuelven a cometer delitos. Se trata de un verdadero círculo vicioso.
La sociedad se encuentra, por consiguiente, acosada no sólo por delincuentes “nuevos” –que se suman a la legión de asaltantes, asesinos, violadores y otras especies delictivas que actúan con extremada crueldad-, sino, también, por quienes pasaron por el sistema carcelario y volvieron no resocializados como lo exigen la Constitución y las leyes. Esto significa que volvieron mejor preparados para delinquir.
Como agravante de este panorama debe hablarse del caso de los menores que cometen delitos. Se habla aquí, en muchos casos, de figuras penales graves, como asaltos a mano armada, entraderas violentas y no pocos homicidios. Y en estos casos, como los menores gozan de la llamada inimputabilidad, rige el sistema de la puerta giratoria, que en cuestión de minutos los hace entrar y salir de las comisarías cuando son detenidos, para volver de inmediato a las calles y seguir delinquiendo.
Del informe producido por el último censo del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) -según el cual la población penitenciaria viene creciendo en forma sostenida desde la década del noventa y ha aumentado un 89 por ciento desde 2010- surge también que sólo el 17 por ciento de las personas privadas de la libertad participa en programas de capacitación laboral y el 48 por ciento lo hace en programas educativos.
Tal como se reflejó en este diario, los elevados porcentajes de reincidencia en las cárceles del país contrastan con los obtenidos a través de un programa que fomenta la educación y el desarrollo personal, iniciado a partir de la práctica del rugby en las cárceles por parte de la Fundación Espartanos, que ha emergido como un programa exitoso en la reinserción social de personas privadas de libertad, que ya rige en 44 cárceles del país y en otros 16 penales de distintos países. En este caso, la reincidencia sólo llega al 5 por ciento.
“Espartanos ha demostrado que es posible transformar vidas y reducir la reincidencia delictiva. Sin embargo, no podemos hacerlo solos. Necesitamos que el gobierno y las empresas se involucren más y apuesten por políticas y programas que prioricen la reinserción social. La inclusión no es solo un acto de solidaridad, es una inversión en seguridad y en el bienestar de todos.”, dijo ahora su fundador.
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Lo cierto es que hoy la sociedad se encuentra acosada y también victimizada por quienes pasaron por las cárceles, convertidos en veteranos del delito. Esto significa que volvieron a las calles mejor preparados para delinquir, no para convivir en forma civilizada.
A través de los múltiples organismos penitenciarios y judiciales, con el concurso de magistrados y legisladores, debieran impulsarse desde el Estado, con mayor énfasis y eficacia, los programas educativos capaces de resocializar a los miles de detenidos en los establecimientos carcelarios del país. Está comprobado que existen alternativas superadoras y que esos muchos otros modelos pueden servir para convertir a los delincuentes en personas de bien.
La población no merece que los delincuentes reincidan en forma indefinida, a poco de ser liberados, o que inclusive lo sigan haciendo dentro de las propias cárceles, manejando sus bandas desde sus calabozos o pabellones. Las cárceles no debieran ser escuelas para volver a delinquir, sin perjuicio de que el Estado debe asistir y acompañar a los liberados para que puedan ser útiles a la sociedad. Algo hay que hacer, sin más pérdidas de tiempo, para defender los valores de la vida y de una convivencia ordenada.
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