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Tras arduas negocaciones el Gobernador repartió espacios de poder en el Bapro, el Tribunal Fiscal y el Consejo de Educación. Y tuvo que aceptar que se repartan más recursos para los municipios
el gobernador Kicillof, ayer, al participar de una actividad junto a madres de plaza de mayo/na
Axel Kicillof necesitaba como el agua que la Legislatura lo autorizara a tomar deuda como finalmente ocurrió en la madrugada de ayer. Son fondos que, a priori, le permitirían llegar a 2027 con las necesidades de financiamiento cubiertas. Pero para obtener ese permiso superior a los 3 mil millones de dólares, debió hacer una serie de concesiones que se tradujo en el reparto de cargos en distintos organismos y ampliar los recursos que llegarán a los municipios.
El Gobernador no quería ceder tanto en esa puja. Pero sin mayoría propia en el bloque oficialista, se terminó resignando a los reclamos de La Cámpora, del massismo y de varios sectores de la oposición que terminaron jugando en tándem. Todos se llevaron algo en un toma y daca que allanó el camino para que el endeudamiento viera la luz.
Kicillof venía de un revés doble. El primero se concretó hace algunos días cuando la Legislatura le aprobó el Presupuesto y la ley Impositiva pero postergó la autorización de endeudamiento.
Luego, debió tragar saliva cuando su Movimiento Derecho al Futuro dio la pelea para quedarse con la presidencia de la Cámara de Diputados. La Cámpora y Sergio Massa volvieron a jugar en tándem y relegaron al presidenciable kicillofista Mariano Cascallares. Impusieron una nueva presidencia rotativa que ejercerán Alejandro Dichiara (del sector de martín Insaurralde pero con sintonía fina con el camporismo) y el massista Alexis Guerrera.
La Cámpora además se quedó con la presidencia del bloque y con el control, junto al Frente Renovador, de las secretarías.
Para conseguir el permiso para salir a tomar deuda, Kicillof debió ceder. Es cierto que se quedó con cuatro de los sillones estratégicos del Banco Provincia para Cuto Moreno, Julio Pereyra, Alejandro Formento y Carlos Orsingher, pero debió abrir el juego y crear nuevo cargos para contener a sus adversarios peronistas y a distintos sectores de la oposición.
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Así, terminaron desembarcando en el Bapro con cargos de directores los massistas Javier Osuna y Sergio Bordoni, los camporistas Rodrigo Rodríguez y Laura González y Gabriela Demaría, del sector de Martín Insaurralde.
La oposición coló varios nombres: Fernando Rozas (Unión y Libertad), Matías Ranzini y Adrián Urreli (PRO), Marcelo Daletto (UCR-Cambio Federal) y Fernando Pérez (un dirigente radical del sector de Martín Lousteau).
Kicillof también tuvo que ceder en otra pulseada: la vinculada con el reparto de fondos para los municipios.
En el arranque de la negociación, ofreció el ocho por ciento de un endeudamiento de mil novecientos millones de dólares (unos 150 mil millones de pesos). Pero ante la presión del propio peronismo y de la oposición, la oferta se estiró hasta los 350 mil millones.
Otra medida de alivio para las comunas surgió en la negociación: la condonación de las deudas que los distritos tienen con la Provincia y que viene de arrastre desde la pandemia.
De esta forma, los distritos aseguraron contar con fondos frescos garantizados que no se terminaron atando al endeudamiento y un alivio fiscal por el perdón de aquellas obligaciones.
Además de los cargos vinculados al Bapro, Kicillof debió ceder en otras designaciones.
Así, para el Consejo General de Educación fueron designados Marcelo Zarlenga, Graciela Veneciano, Graciela Salvador, Graciela Raimundo (todos provenientes del mundo gremial), Maira Ricciardelli (massista ex funcionaria del Ministerio de Trasporte), Aldana Ahumada (senadora del PRO), César Valicenti (camporista), Carlos Bonino (radical abadista), Silvio Maffeo (actual director de Inspección General bonaerense) y Josefina Mendoza (radical del ala de Martín Lousteau y ex diputada nacional).
Para el Tribunal Fiscal se acordó designar a los abogados Virginia García, Gabriel De Pascale, Federico Carozzi (radical abadista), Mariana Rodríguez y Ángel Villegas y los contadores Marcelo Giampaoli (secretario de Hacienda platense), Cecilia Oroz (mismo cargo, pero en Pehuajó) y Fernanda Campo.
Los intendentes salieron beneficiados en el debate por el endeudamiento
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