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Es el tercer operativo de este tipo en menos de dos semanasl Bella-1 es de bandera panameña y se encuentra desde junio de 2024 bajo sanciones de Washington por sus nexos con Irán
El petrolero Skipper, recientemente incautado por EE UU / AP
Estados Unidos interceptó otro buque petrolero en aguas del Caribe vinculado al gobierno de Venezuela, en una nueva escalada de presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. La operación fue llevada a cabo por la Guardia Costera estadounidense, que interceptó a la embarcación mientras navegaba bajo una bandera falsa y con una orden judicial de incautación vigente, según confirmó un funcionario estadounidense con conocimiento directo del operativo.
Según trascendió, se trataría del petrolero Bella 1, de bandera panameña y sancionado por Estados Unidos por sus vínculos con el régimen de Irán.
La persecución del petrolero se produjo apenas días después de que la administración de Donald Trump anunciara la segunda incautación en menos de dos semanas, lo que refuerza la idea de un endurecimiento de la estrategia estadounidense contra la llamada “flota oscura” o “flota sombra” venezolana, acusada de evadir sanciones internacionales para comercializar petróleo.
De acuerdo con la Casa Blanca, el buque interceptado formaría parte de una red de embarcaciones sancionadas que operan al margen de la ley para transportar crudo venezolano. El sábado anterior, la Guardia Costera incautó al petrolero Centuries, con bandera de Panamá, al que describió como una embarcación que utilizaba documentación falsa para traficar “petróleo robado”. El 10 de diciembre, otro operativo conjunto con la Marina estadounidense permitió la captura del Skipper, un petrolero sancionado que ni siquiera enarbolaba bandera nacional al momento de ser interceptado.
Tras esa primera incautación, Trump anunció que Estados Unidos llevaría adelante un “bloqueo” contra Venezuela, una amenaza que ahora parece materializarse con acciones concretas en el mar Caribe. El presidente estadounidense intensificó además su retórica contra Maduro, exigiendo la devolución de activos incautados a compañías petroleras norteamericanas en procesos de nacionalización que se remontan a las últimas décadas.
Washington sostiene que parte de su ofensiva responde a disputas por inversiones petroleras perdidas y a acusaciones de narcotráfico. En ese contexto, algunos petroleros sancionados ya comenzaron a desviar sus rutas para evitar aguas controladas por fuerzas estadounidenses. Desde Caracas, Maduro denunció lo que calificó como una “campaña de agresión” y acusó a Estados Unidos de actuar como “corsarios” que asaltan petroleros venezolanos.
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En un mensaje difundido por Telegram, aseguró que su gobierno está preparado para profundizar su respuesta política.
La ofensiva marítima coincide con una serie de ataques ordenados por Trump contra embarcaciones sospechadas de contrabando de drogas, una política que generó fuertes críticas de legisladores demócratas y organizaciones de derechos humanos. Mientras Trump insiste en que los días de Maduro están contados, sectores del Congreso advierten que la presión militar sin autorización legislativa podría arrastrar a Estados Unidos a un conflicto innecesario con Venezuela.
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