Por la reforma laboral: cruces entre la CGT y la Rosada

El Gobierno pisa el acelerador para avanzar con la reforma laboral, que quiere enviar el 9 de diciembre al Congreso para incluirlo en el temario de las sesiones extraordinarias. Pero la iniciativa cosecha reparos en la Confederación General del Trabajo (CGT), incluso entre hombres que la Casa Rosada cuenta entre sus aliados como el titular de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), Gerardo Martínez, que ayer participó de la última reunión del Consejo de Mayo y luego se encontró a solas con el asesor presidencial, Santiago Caputo.

La intención del Ejecutivo es aprobar el proyecto en el arranque del debate extraordinario junto con otras leyes de peso como el Presupuesto y las reformas tributaria y penal. El capítulo laboral se trataría en tramos para abordar cuestiones como ultractividad; relaciones de convenio; cargas fiscales; aportes a sindicatos y cámaras; financiamientos; derechos colectivos; individuales; trabajadores autónomos y democracia gremial.

Más allá de esto, lo cierto es que ni gobernadores ni empresarios ni sindicatos conocen más que los nombres de los capítulos de la denominada modernización laboral, que ayer expuso las diferencias que separan a la Rosada del sindicalismo.

Esas discrepancias quedaron en evidencia con las objeciones que, por ejemplo, plantearon desde la CGT, mientras que en la Unión Industrial Argentina (UIA) insistieron con su reclamo para ponerle un tope a las indemnizaciones por despido, algo que es materia de conflicto con los gremios.

Fue en el ámbito del Consejo de Mayo, que presidió el jefe de gabinete, Manuel Adorni y reunió a sus los consejeros estables: el diputado del Pro Cristian Ritondo y la senadora radical Carolina Losada (en representación del Poder Legislativo); el mendocino Alfredo Cornejo, en representación de los gobernadores; el titular de la UIA, Martín Rappalini; Martínez, por la CGT, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, por el Poder Ejecutivo.

“La CGT quiere un proyecto, la UIA otro, y nosotros estamos en el medio con la idea de consensuar”, resumió Ritondo tras el encuentro de poco más de una hora en Casa Rosada. Y admitió: “Gerardo (por Martínez) planteó diferencias, por eso todavía no hay un proyecto definido”.

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SIN CONSENSO

El jefe de la Uocra ratificó: “Nadie vota a un Gobierno para perder derechos”, y aseguró: “Hablaremos con los gobernadores y con los diputados, no nos vamos a quedar de brazos”. Advirtió además que “no sabemos cuáles son los proyectos, sabemos cuáles son los títulos, pero no forman parte del criterio y el análisis de lo que nosotros buscamos como contenido. Sí entendemos que tiene que haber un proceso dinámico de generación de puestos de trabajo, cosa que hasta ahora no vemos”.

Por eso, la CGT no firmará el documento final surgido del Consejo: “No hubo consenso, ni siquiera conocemos cuál es el contenido de las leyes”, remarcó Martínez.

De hecho, desde la central obrera hicieron trascender que, de enviarse al Congreso sin modificaciones, la reforma laboral será una propuesta “unilateral” del Gobierno, sin aval de los gremios.

LA UIA, SIN OBJECIONES

Desde la UIA, en tanto aseguraron estar “de acuerdo con todos los puntos. No hay objeciones”. Donde hubo desacuerdo “en casi todo”, reconocieron, fue en la CGT.

Por otro lado, uno de los que ayer defendió los aportes sindicales sobre los que el Gobierno quiere avanzar fue el secretario general del sindicato de empleados de Comercio, Armando Cavalieri, quien ilustró: “La obra social la vamos a defender, aunque sea una cama en un hospital” y llamó a “dar una batalla ideológica”.

Entre los gremialistas existe el temor de que la reforma se pareza más a una flexibilización que no alcance para generar más empleo y siguen con preocupación el límite a las indemnizaciones, algo que también resisten legisladores y gobernadores.

En otro orden, en el empresariado se extiende la idea de que los cambios serán más cosméticos que profundos, con el solo objetivo de “contentar” a los Estados Unidos.

Con este escenario como telón de fondo, y sin lograr el consenso que el Gobierno pretendía con mandatarios provinciales, legisladores, sindicalistas y empresarios, lo sigue para el Ejecutivo es aceitar los mecanismos de negociación si lo que pretende es que el proyecto finalmente se apruebe en el Congreso.