En una hectárea de soja hoy gana más el Estado que un productor

En el corazón de la compleja situación del sector agropecuario que atraviesa el país, los productores se encuentran entre la espada y la pared, enfrentando una presión tributaria cada vez más asfixiante. Mientras el productor rural pierde dinero por cada hectárea de soja sembrada, el Estado se lleva grandes sumas en concepto de impuestos. Esta disparidad fue visibilizada por Néstor Roulet, ex vicepresidente de la Confederación de Rurales Argentina (CRA), quien destacó el impacto de las retenciones y la elevada presión fiscal sobre el campo.

Roulet reveló, a través de un gráfico publicado en su cuenta de X, cómo las retenciones y otros impuestos afectan la rentabilidad del agro. Según sus estimaciones, un productor que alquila tierras y siembra soja con un rendimiento de 35 quintales por hectárea pierde casi 80 dólares por cada hectárea cultivada, mientras que el Estado se queda con 473,29 dólares por hectárea. Multiplicado por las 18 millones de hectáreas que se siembran en el país, el Estado recauda cerca de 7.700 millones de dólares, un dinero que se escapa de las manos de los productores, mientras el sector lucha por recuperar la rentabilidad en un contexto de costos crecientes y márgenes cada vez más estrechos.

La situación se agrava por la elevada carga impositiva que enfrenta el sector agropecuario, no solo en el orden nacional, sino también en el ámbito provincial y municipal.

El Ministerio de Economía de la Nación les ha solicitado a las provincias que tomen medidas para que los municipios se adecuen a la legislación vigente y deroguen las “tasas municipales” que no guardan relación con el costo de los servicios prestados, y que son consideradas ilegales y arbitrarias. Sin embargo, en muchos distritos, las tasas viales y otras cargas marcaron incrementos que agravan aún más la situación de los productores.

En el marco de las dificultades fiscales que enfrenta el sector, el aumento de las tasas municipales se ha convertido en una preocupación central para los productores agropecuarios. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se ha registrado un incremento de más del 200% en las tasas viales en algunos distritos, lo que ha generado un profundo malestar en el sector. Desde Henderson hasta San Pedro, Lincoln, Necochea y General Viamonte, los productores se quejan de lo que califican como “impuestazos” que no solo afectan la competitividad de las empresas locales, sino que -aseguran- carecen de proporcionalidad con los servicios prestados.

El aumento de las tasas municipales se ha convertido en una preocupación central para el agro

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En ciudades como Chacabuco, la tasa de seguridad e higiene ha sido calificada como un “impuesto en cascada” que, en lugar de brindar servicios a la comunidad, solo empobrece a los productores y les resta competitividad. Según los denunciantes, esta tasa es ilegal porque no guarda relación con el servicio que se supone debe prestar, lo que la convierte en una mera herramienta recaudatoria.

Desde las gremiales rurales denuncian que el gobierno de Axel Kicillof gira a los municipios escasos fondos para destinarlos a los comandos de patrullas rurales, y por eso algunas intendencias asisten a la Policía local con combustibles y repuestos, solventando ese gasto con tasas que se aplican a los productores.

Además de los incrementos en las tasas viales, los productores también enfrentan la imposición de “sobretasas” que se aplican de manera encubierta. En partidos como Suipacha, la sobretasa de seguridad ha comenzado a formar parte de las facturas de la tasa vial, un cargo adicional que no tiene nada que ver con la reparación de caminos rurales, pero que, al ser incluido en el mismo recibo, obliga a los productores a pagarla. Este tipo de medidas, que distorsionan el verdadero propósito de las tasas, ha generado un gran malestar entre los productores, quienes ven cómo su carga impositiva aumenta cada vez más sin que se corresponda con los servicios efectivamente brindados.

Como señaló Roulet, las retenciones y los impuestos en general se han convertido en “una barrera insalvable” para el crecimiento del sector, lo que ha llevado a muchos productores a la “ruina económica”. A esto se suma la falta de rentabilidad, que no solo frena las inversiones, sino que también reduce las oportunidades de empleo y el acceso a servicios esenciales en las zonas rurales.

En este contexto, el sector agropecuario reclama medidas urgentes para aliviar la presión fiscal que afecta a los productores. Néstor Roulet y otros referentes del campo han señalado que este 2025 debe ser el año en que el gobierno de Javier Milei cumpla con su compromiso de eliminar las retenciones y las tasas excesivas. “Es el momento de liberar el potencial del campo argentino”, sostienen, instando a que se otorguen las herramientas necesarias para que los productores puedan prosperar sin ser ahogados por impuestos y costos desmesurados.