La guerra de las prepagas con la clase media por las subas exorbitantes de los precios de las cuotas

“Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media”, sentenció ayer el ministro de Economía, Luis Caputo. Y como en un conflicto bélico, los desenfrenados aumentos que vienen aplicando las empresas de medicina privada pueden traducirse en una cuestión de vida o muerte, con resultados fatales para quienes no puedan hacer frente a esos costos y estén atravesando situaciones críticas de salud.

El encarecimiento de las cuotas, superior al 100 por ciento en apenas cuatro meses -que en algunos casos los afiliados estiman que son un porcentaje mucho mayor- y que ahora parece enfurecer al ministro Caputo, se precipitó tras la aplicación del DNU 70/23 que derogó el decreto 743, que establecía topes a los aumentos. Sin ningún tipo de control por parte del Gobierno ni reparo alguno por parte de las prepagas -dicen que necesitan recuperar el desfinanciamiento que le causó el gobierno de Alberto, Cristina y Sergio Massa-, las empresas se sintieron entonces “libres” de subir los precios en un 40 por ciento en enero, 27 por ciento en febrero, 20 por ciento en marzo y otro porcentaje similar en abril.

A los que golpean más

Se trata de un evidente golpe para los ya castigados bolsillos de millones de afiliados -en su mayoría de clase media- que pese a los reiterados incrementos -un plan familiar puede llegar a costar hasta $400 mil- , ven cómo se resiente la calidad de las prestaciones, con menos médicos en las cartillas, demoras en los turnos y mientras asisten azorados al cobro imprevisto de copagos o bonos y al congelamiento de los reintegros.

Se cuentan de a miles los casos de personas con distinto grado de discapacidad y variadas patologías o en tratamiento oncológico que manifiestan no poder asumir los aumentos indiscriminados aplicados por sus prepagas y que, sin esa cobertura, corren el riesgo de sufrir graves deterioros en su salud. La cuestión es, se insiste una vez más, de vida o muerte. Así de cruel, con la salud de por medio.

Está, por ejemplo, el caso de una mujer de 55 años, profesional retirada por invalidez a causa de un cáncer que percibe 250.000 pesos de jubilación y que de diciembre a abril vio cómo la cuota de su servicio de salud subía casi un 250 por ciento: pasó de pagar 46 mil pesos a 160 mil pesos.

En la red social X, otra persona contó con pesar la progresión en la cobertura de su madre: “Diciembre 71.500 pesos; enero 94.600 pesos; febrero 132.300 pesos; marzo 169.300 pesos, y abril 201.500 pesos. O sea, 182% en cinco meses”, resumió.

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En otros casos, la cobertura supera ya el medio millón de pesos: “Por una familia de cinco personas en una obra social de primera categoría pasamos de pagar $ 347.000 a $ 576.000”, contó otro usuario de X.

Las cifras resultan exorbitantes, sobre todo si se la pone en contraste con los seguros médicos de viaje, que pueden llegar a cubrir unos 300 mil dólares -por ejemplo en Estados Unidos, con todo los costos que significa la medicina en el país del Norte- por un período de dos meses de atención para una familia tipo (un matrimonio y dos hijos) a un valor de seis cuotas sin interés de 150 mil pesos, con bonificaciones bancarias.

Por caso, un joven platense que por razones de trabajo está radicado en Uruguay y debe viajar a países de la región contrató un seguro de 250 dólares por mes, con la particularidad de que tiene toda la cobertura médica sin límites, también en Argentina.

A la Justicia

Se trata además de valores que en un contexto de recesión y crisis como el actual muchas familias no pueden pagar y que está redundando en cataratas de amparos judiciales contra las empresas de medicina prepaga que, sobre todo cuando se trata de jubilados, son obligadas por la Justicia a suspender los aumentos en cuestión y a garantizar la continuidad del tratamiento o la cobertura solicitada.

Por último, hay que decir que no solo el DNU 70/23 habilitó a las prepagas a aplicar aumentos sin ningún tipo de control, sino que además las incorporó a la ley de obras sociales 23.660. Según esa normativa, la empresa empleadora aporta a un fondo común un 6 por ciento del sueldo de un empleado, mientras que éste trabajador contribuye con otro 3 por ciento. Pero a ese fondo llega el 7,2 por ciento de lo aportado, ya que un 1,8 por ciento que falta se lo queda el Estado.

El nuevo DNU elimina toda la intermediación de las obras sociales sindicales en las prepagas. Eso permite que las personas que trabajen en relación de dependencia o estén bajo régimen de monotributo podrán elegir si quieren que sus aportes y contribuciones sean derivados a una obra social o a una medicina prepaga.

Si no fuera por los abultados aumentos detallados más arriba, la situación podría derivar en un proceso de desafiliación de las obras sociales gremiales, debido a que los afiliados de mayores ingresos podrían migrar directamente a una prepaga.