Prepagas, en la mira: ¿hubo un “pacto” para aumentar?

El conflicto abierto entre el Gobierno de Javier Milei y las empresas de medicina prepaga sumó ayer un nuevo capítulo de tensión. Fue luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, apuntara contra la presunta “cartelización” del sector y, casi en simultáneo, en la Casa Rosada confirmaran que hay una investigación en marcha para dilucidar si hubo colusión (o acuerdo ilícito) entre las compañías de salud privada para subir los precios de sus planes en hasta un 160 por ciento en los primeros cuatro meses del año. De comprobarse que existió tal pacto, la administración libertaria podría avanzar con medidas de carácter impositivo o multas. Pero evitando intervenir con una regulación o control de precios como los que se ensayaron en el pasado.

Concretamente, lo que el Gobierno busca determinar es si hubo una maniobra coordinada por parte de las empresas de medicina prepaga que integran la Unión Argentina de Salud (UAS), presidida por Claudio Belocopitt, para aumentar las cuotas por encima de la inflación. En la mira están Galeno, Omint, Medicus, Swiss Medical y Osde, que entre enero y abril incrementaron sus planes entre el 142 y 164% (un 158%, en promedio), mientras las compañías más chicas trataron de alinearse al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, que arrojó una suba del 74,77% en igual período, según datos oficiales.

La investigación, que nació a partir de una denuncia de legisladores de la Coalición Cívica que responden a Elisa Carrió, tramita en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. El organismo está bajo la órbita de la Secretaría de Comercio y depende de Luis Caputo, el ministro de Economía que en las últimas horas dijo que a las prepagas “se les fue la mano con los aumentos” y las acusó de estar declarándole “la guerra” a la clase media.

Tras esas declaraciones, la presentación que los “lilitos” hicieron el 15 de enero pasado tomó un renovado impulso.

“En enero vimos que las empresas habían tenido algunas reuniones y cuando se confirmaron los aumentos los denunciamos por cartelización y pedimos que se haga un análisis”, contó al respecto el diputado Hernán Reyes, uno de los denunciantes. Agregó también que el texto se funda en declaraciones periodísticas del propio Belocopitt y subraya que habrían existido “reuniones para la coordinación de la fijación de un aumento a los usuarios, acordando un incremento estimado en torno al 40 por ciento”, solo para enero. Los ajustes siguieron con otro 26 por ciento en febrero; 23 por ciento en marzo; 19 por ciento en abril y mientras proyectan un alza cercana al 10 por ciento para el mes que viene.

Claramente, el ritmo de las subas desequilibró las economías de muchas familias de clase media, que empiezan a optar por un plan más económico o directamente deciden dar de baja la prepaga.

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Práctica anticompetitiva

En este contexto, la denuncia que investiga el Gobierno hace hincapié en una presunta “práctica anticompetitiva” prevista en el inciso a) del artículo 2 de la ley de Defensa de la Competencia, que refiere a “los acuerdos entre dos o más competidores, consistentes en contratos, convenios o arreglos cuyo objeto o efecto fuere: a) Concertar en forma directa o indirecta el precio de venta o compra de bienes o servicios al que se ofrecen o demanden en el mercado”.

Esta es la primera investigación formal contra las prepagas que llega a un despacho oficial. Más allá de que en la Justicia hay decenas de medidas cautelares a favor de los afiliados y que, sobre todo en el caso de los jubilados, obligan a las empresas a ponerle un freno a las subas.

De hecho, a fines de febrero el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 2 dispuso ampliar, en principio para un centenar de personas, el alcance de una medida cautelar dictada a mediados de enero, a través de la cual se le ordenó a una entidad de medicina prepaga dejar sin efecto los aumentos de cuotas aplicados o anunciados bajo el amparo de lo establecido por el DNU 70/23. También se determinó que lo resuelto era válido “hasta tanto se dicte sentencia definitiva” sobre el tema.

Cierto es que los exorbitantes aumentos se acumularon en cadena después del decreto 70/23 que, apenas asumió Milei, desreguló el sector y permitió “liberar” los precios.

No obstante, ayer el vocero Adorni aclaró: “Nosotros desregulamos, damos libertades, pero no permitimos que exista un grado de cartelización que afecte a los argentinos” e insistió en que existe “una cartelización que está fuera de toda razonabilidad”.

Por su parte, las entidades de medicina prepaga nucleadas en las cámaras y asociaciones Cimara, Ademp y Cempra niegan que se les haya ido “la mano”, como apuntó Caputo, y se excusan en que las subas son para recuperar el “atraso” por el congelamiento de tarifas dispuesto por el gobierno de Alberto Fernández.

Además, anticiparon que le pedirán una audiencia al ministro de Economía, “a fin de acercarle toda la información con la que se cuenta y que explica -entre otras situaciones- el desfinanciamiento al que fue sometido el sector durante años”, a la par que admitieron: “Somos conscientes y nos preocupa el aumento de las cuotas, porque valoramos a los argentinos que han optado por este sistema y es nuestra pretensión hacer todo lo posible para que continúen haciéndolo”. El comunicado de las cámaras empresarias agregó que las prepagas no son formadoras de precios y que la inflación “cruza transversalmente todos nuestros costos”.

En el Gobierno, en tanto, interpretan que “una de las razones de los aumentos desmedidos tiene que ver con un acuerdo que había entre los principales actores del sistema y el gobierno anterior” y advierten: “Los mismos actores que acordaron no aumentar la cuota a cambio de otros beneficios, ahora quieren recuperar lo que no cobraron”.