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La sentencia judicial en la que se dispuso que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y el interventor del Club Atlético Abastense Argentino “procedan al cese inmediato del cronograma preasambleario y que se abstengan de avanzar en el calendario electoral propuesto, hasta que se resuelva un recurso interpuesto” es un aporte valioso para esclarecer una situación más que confusa y sentar un antecedente en cuanto a la protección de los clubes barriales, cuya trascendencia en la vida comunitaria no puede ser ignorada.
Fue por demás llamativo que la intervención al mencionado club convocara a elecciones con un nuevo padrón y que cientos de jóvenes se presentaran para convertirse en socios de la institución y, en consecuencia, poder votar para la renovación de autoridades de esa antigua entidad, que fue madre de muchas otras en una barriada caracterizada por el espíritu solidario de sus habitantes. Tanto es así que organizaron cooperativas para prestar servicios, como el de agua corriente y cloacas, entre otros, ante la ausencia del Estado.
Resultó más que inusitado que los aspirantes a nuevos socios fueran cientos de personas, que según los vecinos que observaron las fotos y videos de la larga cola de interesados en inscribirse, no eran personas conocidas en la zona.
Es también llamativo que se despertara ese interés repentino por participar en la mencionada entidad. ¿Qué interés pudo haber despertado repentinamente el Club Abastense entre ciudadanos domiciliados fuera de la zona de influencia de la entidad? ¿Por qué había tantos funcionarios de la Provincia el día de la aglomeración de personas que esperaban pacientemente ser atendidos para ser socios del club?
Es posible que las leyes no protejan de “copamientos” con finalidades poco claras a las tradicionales instituciones barriales, que desarrollan actividades deportivas, culturales y sociales. Pero aún en aquellos casos en que por situaciones propias de la vida de hoy en las que necesidades económicas imperiosas de las familias imposibilitan a veces la participación en entidades de bien público, en caso de que una de esas entidades por la delicada situación pausara la organización de eventos deportivos y de cursos, se debería tener especial cuidado en que si se llegara hasta el extremo de que estuvieran acéfalas, para normalizarlas habría que garantizar que sean conducidas por vecinos de la zona, quienes más conocen las necesidades sociales y económicas de esa comunidad.
En ese sentido, no puede desconocerse el rol, como se ha dicho, que desempeñan los clubes barriales en el Gran La Plata, especialmente en lo referido a los jóvenes. Por lo general, además de fomentar la práctica de algún deporte, sus directivos tratan de percibir situaciones como las que se presentan hasta con preadolescentes en relación al consumo de estupefacientes o en las que son víctimas de violencia familiar. Dirigentes de varias de esas entidades han asistido a cursos especializados para reconocer la situación de los jóvenes que atraviesan esas críticas circunstancias.
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En realidad, cualquier repartición del Estado que tuviera que intervenir ante la acefalía de una institución de este tipo debería comenzar por convocar a los líderes comunitarios que conducen otras entidades del mismo tipo en la zona o los que administran las citadas cooperativas para iniciar un proceso de normalización que garantice que se cumplirán las tareas que beneficiarán a adolescentes y adultos que viven en las proximidades del club.
Es inocultable que en el caso de Abastense se promovió una verdadera “invasión”, con personas que no tienen domicilio en las cercanías del club. Además de que fue por demás llamativo el súbito interés de cientos de jóvenes y de algunos funcionarios del gobierno y dirigentes políticos en convertirse en socios.
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