Suspenden obras en unos 400 nuevos barrios de La Plata sin habilitación

En medio del conflicto legal que representaba la falta de autorización por parte de la Provincia de urbanizaciones que se desarrollaron durante la gestión municipal anterior, Julio Alak decidió suspender hasta febrero la ejecución de obras de construcción en más de 400 nuevos barrios, muchos de ellos cerrados, de la Ciudad.

La medida fue plasmada en un decreto que el Intendente firmó ayer, afectando, al menos, unos 1.200 expedientes que se habían tramitado para edificaciones en estas nuevas urbanizaciones. Además, cerró el grifo para la presentación de nuevas solicitudes en estos barrios por el mismo período de tiempo: 180 días.

Será hasta que se presente formalmente el proyecto del nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU), que arroje luz sobre las irregularidades en el ordenamiento del suelo de la Ciudad que observó la administración provincial y que hasta ahora mantenían el curso de esos desarrollos en la incertidumbre.

Esa pausa se formalizó ayer. Es que, como ya publicó EL DIA, la necesidad de revisar el COU que planteó el nuevo gobierno platense deviene de que estas nuevas urbanizaciones, unos 400 barrios que incluyen también countries y emprendimientos privados, fueron cuestionadas por la autoridad de Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano, pero avaladas en 76 ordenanzas parciales por la Municipalidad, durante la década anterior.

La contradicción del aval municipal y la objeción provincial motivó que estos barrios se expandan sin su habilitación definitiva y en más de uno los propietarios iniciaron construcciones sin tener el trámite definitivo para poder hacerlo.

En algunos casos, los aspectos objetados se vinculaban a la falta de indicadores urbanísticos precisos para ese tipo de predio; en otros, lo considerado irregular se vinculaba a la forma en que se habían subdividido los loteos.

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En este contexto, en junio pasado el Concejo Deliberante creó un nuevo Consejo de Ordenamiento Urbano Territorial (COUT), integrado por siete especialistas y universidades, que se abocan a analizar hacia dónde y cómo debe crecer la Ciudad.

El dictamen de este consejo asesor no será vinculante pero sentará las bases para la nueva normativa que determine la extensión de la mancha urbana, en función de las zonas inundables y del modo en que los nuevo barrios afectan las necesidades de infraestructura, transporte y servicios en cada zona.

La otra novedad conocida ayer por EL DIA es que el proyecto del nuevo COU, cuyo envío al Concejo Deliberante estaba pensado para diciembre, se presentará en febrero.

SUSPENSIÓN DE AUTORIZACIONES

La disposición que ayer firmó Alak suspende por 180 días de los procedimientos y los efectos de los actos administrativos dictados en el marco de las ordenanzas que no se encuentran convalidadas por la autoridad provincial competente, de acuerdo a lo dispuesto por la ley provincial.

De igual modo, quedaron suspendidos por el mismo plazo todos los procedimientos administrativos de proyectos de urbanizaciones que se enmarcan en la Ley N° 14.449.

Se estima que la interrupción de las construcciones en estos emprendimientos afecte al menos a unas 1.200 obras que se encontraban en proceso de ejecución. Pero también a aquellas que estaban en vías de solicitar autorización para su inicio.

Según indicaron desde el municipio, de acuerdo a los estudios realizados, los 400 barrios privados tramitados de forma irregular en La Plata “duplican irresponsablemente el espacio urbano y, además, están invadiendo la zona hortícola”.

Y subrayaron que esta situación se enmarca en que hoy la zona urbana a de la Ciudad se extiende a 250 kilómetros cuadrados. En esta superficie viven más de 800 mil vecinos, de los cuáles 400 mil carecen de cloacas y 200 mil de agua potable, pavimentación, iluminación y el sistema de transporte es aún deficiente”.

Desde el entorno de Alak explicaron que el decreto está fundado en que “la gestión anterior sancionó y aplicó ordenanzas que modifican el COU sin la indispensable convalidación legal y técnica por parte de los ministerios de Gobierno y Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, tal como establece la Ley N° 8912 de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo de la Provincia.

Y subrayaron: “A pesar de que estas ordenanzas no resultaban legalmente aplicables y que –además- la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial advirtió al Municipio en diversas ocasiones sobre la necesidad de someterlas a un análisis integral, el Gobierno municipal de entonces continuó con su aplicación e incluso dejó de solicitar la debida intervención provincial en posteriores Ordenanzas. Esto resultó en una serie de tramitaciones ilegales que hoy tienen diferentes niveles de avance”.