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Fue el vuelco de hidrocarburos sobre agua dulce más grande del que se tenga registro a nivel mundial. Aseguran que la petrolera nunca fue multada ni condenada a remediar el daño causado en el ambiente
El petróleo derramado por un buque de Shell tras una colisión contaminó unos veinte kilómetros de playas.
Cuando el mayor derrame de hidrocarburos en agua dulce de la historia mundial, el producido en 1999 frente a las costas de Magdalena -unos 47 km. de nuestra ciudad-, cumpla hoy un cuarto de siglo se habrán cumplido también 25 años “sin justicia ambiental” dado que la petrolera nunca fue multada o condenada a remediar o indemnizar el daño provocado, aseguran.
“Acá hay un gran ‘debe’ de la justicia, que demostró ser incapaz de condenar a grandes empresas multinacionales, pero también de la sociedad que no valoriza estos ecosistemas, lo que se ve también en las dificultades para aprobar la ley de humedales”, sostiene Alejandro Meitin, referente de la organización Ala Plástica que lideró la denuncia del caso entre 1999 y 2017.
El “retardo innecesario de la justicia, terminó desvirtuando el acuerdo” extrajudicial alcanzado en 2009 entre la petrolera y el municipio, que “quedó atado de pies y manos a un juez que no toma ninguna medida”, afirma por su parte el exintendente Gonzalo Peluso.
El llamado “Derrame de Magdalena” se produjo el 15 de enero de 1999 a 20 kilómetros de las costas de esa ciudad bonaerense, como consecuencia de la colisión de un portacontenedores y el buque “Estrella Pampeana” de la empresa Shell que trasportaba 31.500 metros cúbicos de crudo.
“Es el mayor derrame en aguas dulces porque no son tantos los ríos navegables para buques de este tipo, que en este caso era ‘chatarra flotante’” no admitida en otras latitudes, resalta Meitin.
El combustible conformó una mancha de 10 kilómetros cuadrados y la marea negra llegó dos días después a la playa, contaminando 20 kilómetros de costa, e ingresando hasta 400 metros tierra adentro a través de bañados y arroyos en un sector de la Reserva de Biosfera del Parque Costero del Sur bajo protección de la UNESCO.
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El petróleo no solamente afectó a la flora y la fauna, al punto que las imágenes de aves empetroladas dieron la vuelta al mundo, sino a las microeconomías locales dado que el acceso al agua estuvo vedado tres veranos en el balneario de Magdalena, mientras que los “junqueros” o recolectores de junco y los pescadores artesanales se vieron impedidos de continuar con estas actividades de subsistencia.
A fines de febrero la municipalidad interpuso ante el Juzgado Civil y Comercial Federal de La Plata una demanda contra Shell reclamando que se disponga adecuadamente de los residuos de hidrocarburos generados, que se repare el daño ambiental y que se indemnice a la comunidad.
“Ni (el gobernador de entonces Eduardo) Duhalde ni (el presidente de entonces Carlos) Menem demandaron a la empresa y lo dejaron solo al municipio de Magdalena”, cuenta Peluso.
En noviembre de 2002, el Juzgado Civil y Comercial Federal 4 de La Plata le dio la razón al municipio y condenó a Shell a pagar 35 millones de dólares y un año después, la Cámara confirmó esta decisión.
La multinacional presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para objetar la competencia de la justicia federal platense y en diciembre en mayo de 2007 el máximo tribunal se pronunció a favor de Shell, estableciendo que el caso debía dirimirse en la justicia federal porteña y declaró nulas las sentencias anteriores.
En 2009, sin respuestas de la Justicia, la Municipalidad de Magdalena firmó un acuerdo extrajudicial con Shell.
En virtud de ese convenio, la petrolera se comprometía a pagar 9,5 millones de dólares y a asesorarla para la construcción de un parque industrial, de un programa de tratamientos de residuos sólidos urbanos y otro de explotación turística, a cambio de que el municipio desistiera de los procesos iniciados y futuros contra la empresa.
“Para nosotros ese acuerdo es nulo porque para esa época elaboramos un informe donde demostramos que el impacto seguía existiendo, y la Constitución impide acuerdos (extrajudiciales) de partes en tanto el daño persista”, afirma Meitin.
El acuerdo fue sometido a una consulta popular el 17 de mayo de 2009, en el que sólo votó el 30% del padrón, ganando el “Sí” por el 77% de los sufragios emitidos.
Aprobado también por el Concejo Deliberante, el acuerdo fue presentado para su homologación a la justicia federal porteña que al día de hoy no se ha pronunciado aún.
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