Docentes: crean un esquema de resguardo ante casos de violencia

La Dirección General de Cultura y Educación, el Ministerio de Trabajo y el Frente de Unidad Docente (FUDB) firmaron un acuerdo paritario sobre prevención, resguardo y reparación por hechos de violencia y acoso a docentes de la Provincia, según se informó.

La iniciativa, que pone en foco en casos donde la violencia es ejercida contra educadores, complementa una resolución sancionada en 2015 y a una “guía de orientación para la intervención en situaciones conflictivas y de vulneración de derechos en el escenario escolar”.

El documento, que lleva la firma de los ministros de Educación, Alberto Sileoni; y Trabajo, Walter Correa; y los secretarios generales de los gremios de educadores que integran el Frente, “establece medidas preventivas ante diversas circunstancias en donde las y los docentes bonaerenses atraviesan situaciones de conflicto, violencia física, verbal o psicológica en el ámbito laboral”, indicó la cartera educativa.

“En el supuesto de que trabajadores o trabajadoras docentes, hubieran sido imputadas e imputados y/o resultaren absueltos y/o la causa penal haya sido archivada y/o de las investigaciones administrativas resultare un deslinde de responsabilidades, la Dirección General de Cultura y Educación garantizará actos de reparación, en el marco antes definido y/o desagravio público en el ámbito escolar, y la comunidad educativa, previa conformidad de las y los afectados”, se detalló en un comunicado oficial.

Por otra parte, se indicó que se arbitrarán las medidas necesarias en articulación con el Ministerio de Seguridad, para que en los casos en que deban intervenir las fuerzas policiales, no interfieran en la actividad escolar, garantizando el resguardo del funcionamiento institucional preservando a las niñas y niños, a docentes y trabajadores auxiliares de acciones disruptivas del cotidiano escolar.

En tanto, se indicó que la información que requiera el poder judicial en procesos que involucren al personal o estudiantes, será canalizada a través de las autoridades educativas, “garantizando la protección de los derechos y evitando la difusión de datos filiatorios de denunciantes, afectadas y afectados”.

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