La Corte, con el voto de la mayoría, desplazó a un funcionario clave

El administrador general de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Marchi, fue desplazado ayer por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. La medida no solo tiene fuerte impacto por tratarse de un funcionario clave que manejaba un presupuesto de 35 mil millones de pesos, sino también porque había llegado al alto tribunal de la mano de Ricardo Lorenzetti.

Justamente Lorenzetti, el cuarto integrante del tribunal, votó en contra de esa decisión.

Marchi fue enviado a una suerte de ostracismo judicial a la Cámara de la Seguridad Social.

Los tres jueces que controlan el funcionamiento de la Corte resolvieron un reordenamiento interno con creación y supresión de reparticiones. En ese marco se produjo la remoción de Marchi, quien llevaba 15 años en el cargo al que llegó, como se dijo, con el aval de Ricardo Lorenzetti.

Al votar en contra del desplazamiento, Lorenzetti interpretó que la decisión supone una “sanción” porque el funcionario presentó un informe crítico sobre irregularidades en la obra social de los judiciales ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.

Las anomalías detectadas y las sospechas de corrupción en la obra social judicial son una de las causales invocadas para el pedido de juicio político para los cuatro integrantes del máximo tribunal.

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“Es muy grave sancionar a un funcionario por los informes que ha presentado el día 19 de abril de 2023, en relación a la Obra Social. Es un mensaje contrario a los principios que debe defender esta Corte, que es el respeto de la legalidad y la transparencia”, proclamó Lorenzetti en su voto en disidencia.

De esta forma, el control interno y auditoría estará bajo la supervisión (y reportará) del tribunal cuyo funcionamiento debe monitorear para detectar fallas en su funcionamiento y eventuales actos irregulares.

Marchi había sido denunciado por Elisa Carrió por supuesto enriquecimiento ilícito y a su vez le inició un juicio a la ex diputada por “daños y perjuicios”.