La Policía existe para darle seguridad a la gente, no para alojar presos largo tiempo

Hace por lo menos más de tres décadas que la Provincia viene dilatando la toma de una decisión relacionada al grave problema que origina la presencia de presos en las comisarías. Se trata de una cuestión que, si bien puede ser compleja y de difícil resolución, debería ser abordada de una vez por todas, a través de una política que coherente con los principios de la Constitución y leyes de fondo, como así también con las incumbencias que atañen a los distintos organismos públicos que intervienen en este tema.

En todo estos años se ha dicho en forma reiterada que la Policía debiera concentrarse en sus tareas específicas y que, por consiguiente, no tendría que cumplir funciones que son propias del Servicio Penitenciario, ya que la misión primordial de la fuerza policial es la de velar por la seguridad de la población.

Si las comisarías cuentan con calabozos en sus dependencias es para cumplan la función temporal de mantener detenidas a personas capturadas, hasta que la Justicia determine en forma rápida su situación y sean, entonces, en su caso liberadas o derivadas a las cárceles como procesadas.

Las comisarías no pueden ofrecer en modo alguno la seguridad ni los distintos servicios que deben recibir las personas detenidas largo tiempo. La fuerza policial existe, como se ha dicho, para actuar en las calles y ofrecer seguridad a la población, no para contener y cuidar a presos largo tiempo.

Tales conclusiones surgen a partir del reciente motín ocurrido en una de las comisarías de Berisso, en la que al menos 16 detenidos se amotinaron el sábado pasado en un episodio que dejó como saldo dos policías que sufrieron cuadros agudos de intoxicación por inhalación del humo derivado de la quema de colchones y ropas de cama. No es preciso señalar que para atender a 16 personas presas hacen falta no pocos efectivos policiales que, por consiguiente, son los que faltan en las calles.

Se aseguró que el amotinamiento se podría haber originado en señal de protesta a partir de un allanamiento de celdas y secuestro de celulares, con la intención de los presos de evitar su traslado a unidades carcelarias de la provincia de Buenos Aires. De todos modos serán las actuaciones judiciales en curso las que determinen cuáles fueron las causas y los responsables de este grave desorden.

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Está claro para todos que las falencias de espacio que sufre el Servicio Penitenciario no pueden seguir siendo cubiertas por la indebida conversión de comisarías en cárceles, en base a una delegación de funciones que no está contemplada en ningún ordenamiento jurídico.

En este sentido, corresponder recordar que la Suprema Corte bonaerense se expidió en varias oportunidades, ordenando en distintos turnos al Poder Ejecutivo a no alojar a presos en las comisarías, sino en penales y alojamientos dependientes del Servicio Penitenciario.

También expresaron su posición contraria especialistas y organismos de derechos humanos, señalándose que utilizar a las comisarías como lugares de alojamiento de presos no respeta los estándares internacionales que deben cumplir los sitios de detención, además de no contar con medidas adecuadas de seguridad.

Si el Estado provincial se sigue desentendiendo, también continuarán en las comisarías los motines cruentos, los incendios trágicos, las reyertas entre presos, las fugas harto peligrosas para los vecindarios y otros incidentes, todo ello a partir de la superpoblación existente en las cárceles bonaerense y al hecho de haberse recurrido desde hace más de tres décadas, como errónea y contraproducente alternativa de alojamiento, a las sedes policiales.