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Las empresas de servicios en la Región, especialmente las que se ocupan del suministro de agua, la de luz y la que tiene a su cargo el mantenimiento de las redes de telefonía fija vienen incumpliendo en gran medida con las prestaciones que, se supone, debieran ser confiables y continuas, pero que en definitiva desde hace mucho ofrecen grandes deficiencias.
En este contexto, tal como se informó en EL DIA, vecinos de Tolosa decidieron promover acciones administrativas y judiciales, con la intención de hacerlas en forma compartida con usuarios de otros barrios, por la falta de agua que sufre esa localidad.
Es así que realizaron una nueva asamblea y analizaron avanzar en una acción de amparo colectiva: “Cada uno va a presentar su reclamo en Aguas Bonaerenses (ABSA), se esperarán unos días y si no se soluciona el problema, se avanzará con los reclamos en la Autoridad del Agua y ante el Defensor del Pueblo”, dijo uno de los vecinos damnificados por la escasez de ese servicio. Por cierto que, como se dijo, la vía de apelación luego de utilizar estas instancias será de la los tribunales.
También señalaron que en las últimas reuniones los vecinos le preguntaron a distintos referentes si algún político o candidato se había acercado para interiorizarse acerca del problema que atraviesan y, además, con la intención de firmar el petitorio. La respuesta fue que hasta el momento ninguno firmó el pedido de que se declare la emergencia hídrica, que es la primera de las medidas reclamadas.
No hace falta aquí describir las penurias que vienen atravesando los vecinos de la Ciudad, tanto en materia de agua corriente como del servicio eléctrico y la telefonía fija. En este último caso, se han registrado cortes completos en algunos barrios -como ocurrió recientemente en City Bell- en donde algunos vecinos ya anunciaron que recurrirán a la Justicia para determinar cuáles son las obligaciones de la empresa respecto al mantenimiento de la telefonía fija y, en su caso, para reclamar las indemnizaciones correspondientes.
Una de las ramas del Derecho que más ha crecido en los últimos años es la que se ocupa de la defensa de los consumidores, determinándose que cada comprador -de un producto o de un servicio- tiene que tener no sólo amparo legal sino quedar habilitado para realizar los reclamos correspondientes.
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Esa tendencia quedó plasmada en la reforma de la Constitución Nacional de 1994, que en su artículo 42 dispone que los consumidores de bienes y servicio tienen derecho a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos. Asimismo, tienen derecho a que les sea brindada información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Este reconocimiento obliga a las autoridades a garantizar la protección de esos derechos, y, del mismo modo, a brindar educación para el consumo.
Cabe agregar que esa misma cláusula fue incorporada en el texto de la reforma del 94 a la Constitución bonaerense, que incluye a los derechos del consumidor como parte de los derechos humanos a proteger.
La población platense no sólo viene padeciendo numerosas penurias por las fallas en servicios públicos que hacen a su mejor calidad de vida, sino que ahora, en un contexto muy crítico de esos servicios, viene a notificarse que algunos de ellos elevarán en buena medida, una vez más, el monto de sus tarifas.
Nuestra ciudad se encuentra, ciertamente, en estado de emergencia en materia de provisión de agua domiciliaria, de suministro de luz y de continuidad del servicio de telefonía fija. Muchos miles de clientes de estas empresas han realizado duros sacrificios durante años y décadas para poder solventar esas prestaciones. Esta sobrada la hora para que las autoridades de la Provincia y, en el caso telefónico, de Nación -de quien dependen estos servicios- procuren poner las cosas en su lugar, es decir en favor de la gente. Las protestas de la población merecen una respuesta favorable y perentoria.
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