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El segundo proceso por la muerte del exfutbolista dio con un nuevo tribunal. La fiscalía sostuvo que fue “abandonado a su suerte”
Dalma, Gianinna y Jana Maradona estuvieron presentes en la sala / AFP
Con un clima cargado de tensión, expectativa y acusaciones, ayer comenzó en los tribunales de San Isidro el nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, el excapitán de la Selección Argentina, fallecido el 25 de noviembre de 2020 en una vivienda de Tigre, donde cursaba una internación domiciliaria tras una operación por un hematoma subdural.
Se trata de un proceso clave que vuelve a ponerse en marcha luego de que el primer juicio fuera anulado en medio de un escándalo judicial. La jueza Julieta Makintach fue apartada tras conocerse que había participado en la realización de un documental sobre el caso mientras el debate se desarrollaba a puertas cerradas, una situación que derivó en la nulidad de todo lo actuado y obligó a reiniciar el proceso desde cero.
Ahora, el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, integrado por los jueces Pablo Rolón, Alberto Gaig y Alberto Ortolani, deberá determinar si existieron responsabilidades penales en la muerte del extécnico de Gimnasia. Los acusados enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual, un delito que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.
La primera audiencia, que se extendió durante varias horas, estuvo marcada por exposiciones iniciales, cruces entre las partes y un fuerte contenido emocional por parte del entorno familiar.
En ese contexto, la palabra de Verónica Ojeda, expareja de Maradona y madre de su hijo menor, sintetizó el reclamo que atraviesa a los allegados del exfutbolista desde el día de su muerte. “A Diego lo mataron, fue asesinado. Yo quiero justicia”, lanzó ante la prensa, visiblemente conmovida tras escuchar los planteos en la sala.
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Siete profesionales de la salud están acusados de homicidio simple con dolo eventual
El debate también dejó en evidencia la estrategia de las defensas, que apuntan a desligar responsabilidades y sostienen que el deterioro de salud de Maradona hacía inevitable el desenlace. En esa línea, algunos abogados plantearon que el propio paciente era quien tomaba decisiones sobre su tratamiento.
Del otro lado, la querella y la fiscalía sostienen que el excapitán de la Selección fue “abandonado a su suerte” y que existieron omisiones graves en su atención médica durante los días previos a su fallecimiento.
En paralelo, el clima en las afueras del tribunal también reflejó la carga emocional del proceso. Mientras Gianinna y Jana Maradona optaron por el silencio ante la prensa, la causa volvió a instalarse con fuerza en la agenda pública.
Tras esta primera jornada, el tribunal dispuso nuevas pautas para la presentación de testigos y pasó a un cuarto intermedio hasta mañana, cuando comenzarán las declaraciones testimoniales.
Se espera que el juicio se extienda durante varias semanas, con la incorporación de pruebas clave como audios, chats, pericias médicas y testimonios que intentarán reconstruir cómo fueron los últimos días de Maradona y si su muerte pudo haberse evitado.
El objetivo final será determinar si los acusados, todos trabajadores de la salud, actuaron con negligencia o desatendieron signos evidentes de deterioro en el estado del paciente.
En el banquillo de los acusados hay siete profesionales vinculados a la atención médica del exfutbolista, con distintos niveles de responsabilidad dentro del esquema de cuidado. El principal apuntado es Leopoldo Luque, neurocirujano y médico personal de Maradona en sus últimos años. Para la acusación, tuvo un rol central en la decisión de trasladarlo a una internación domiciliaria y en la supervisión general de su tratamiento.
Leopoldo Luque, neurocirujano y médico personal de Maradona, es el principal acusado
Junto a él está Agustina Cosachov, psiquiatra del equipo, imputada no solo por homicidio simple con dolo eventual sino también por falsedad ideológica, al haber firmado un certificado sobre el estado del paciente sin haberlo evaluado.
Otro de los acusados es Carlos Díaz, psicólogo especializado en adicciones, a quien se le atribuye haber promovido el aislamiento del exjugador respecto de su entorno familiar en los días previos a su muerte.
En el área de enfermería, figuran Ricardo Almirón, quien estaba de turno el día del fallecimiento, y su coordinador Mariano Perroni. Ambos están señalados por presuntas fallas en el control y la respuesta ante los signos de deterioro del paciente. También está imputado el médico clínico Pedro Di Spagna, quien, según la causa, tenía un rol de supervisión, aunque su defensa sostiene que su intervención fue mínima.
Por último, se encuentra Nancy Forlini, responsable de la gestión del servicio médico domiciliario, a quien se le atribuye no haber garantizado los recursos adecuados. A más de cinco años de la muerte del Diez, el nuevo juicio vuelve a poner bajo la lupa uno de los episodios más conmocionantes de la historia reciente del país.
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