Derrame de Magdalena Shell apeló el rechazo judicial al acuerdo con el municipio

La petrolera Shell apeló el fallo de la Justicia Federal que meses atrás rechazó homologar el acuerdo firmado con la Municipalidad de Magdalena para poner fin al histórico reclamo por el derrame de petróleo de 1999, y reclamó que el convenio sea finalmente validado por la Cámara. La empresa sostiene que el ambiente fue recompuesto y que no existen daños pendientes de reparación que justifiquen impedir el cierre del litigio. En paralelo, su aseguradora también presentó una apelación con argumentos en la misma línea.

El convenio cuestionado había sido firmado en 2009 y contemplaba el pago de 9,5 millones de dólares más un adicional para honorarios legales a cambio de dar por concluida la demanda iniciada por el municipio tras el derrame provocado por la colisión de los buques Estrella Pampeana y Sea Paraná en enero de 1999 frente a las costas de Magdalena.

Aquel episodio provocó el mayor derrame de petróleo en agua dulce a nivel mundial. El vuelco de más de 5.400.000 litros de crudo contaminó 30 kilómetros de costa, humedales y arroyos, penetrando hasta 400 metros tierra adentro en algunas zonas.

En su presentación ante la Cámara Federal, Shell afirma que el juzgado de primera instancia (el Civil y Comercial Federal Nº 3 de CABA) omitió valorar la extensa prueba incorporada al expediente sobre las tareas de contención, limpieza y recomposición ambiental ejecutadas desde el momento mismo del derrame.

La empresa sostiene que desplegó un plan integral de remediación supervisado por autoridades ambientales y acompañado por monitoreos científicos que se extendieron durante años.

Según la petrolera, esa evidencia fue ratificada además por pericias e informes oficiales más recientes —realizados entre 2020 y 2024— que concluyeron en la inexistencia actual de contaminación por hidrocarburos y en la ausencia de daño ambiental remanente en la zona afectada. Para Shell, el fallo apelado desatendió esas constancias técnicas y desconoció que ya no existen obligaciones pendientes de recomposición.

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Otro de los planteos centrales de la compañía es que el magistrado contradijo criterios previos de la propia Cámara Federal, que en intervenciones anteriores había señalado que la nulidad o invalidez del acuerdo sólo podría fundarse en la acreditación de un daño ambiental actual pendiente de recomposición, extremo que —según Shell— nunca fue probado en el expediente.

La petrolera agrega que el convenio no versa sobre un daño ambiental colectivo todavía existente, sino sobre otros daños y gastos afrontados por el municipio a raíz del episodio, dado que al momento de la firma del acuerdo el ambiente ya se encontraba recompuesto. Bajo esa premisa, sostiene que no corresponde someter el pacto al estándar de control que se aplicaría a una reparación ambiental pendiente.

LA MIRADA DE AMBIENTALISTAS

Desde sectores ambientalistas ponen sin embargo el foco en un dato que consideran revelador: que tanto Shell como su aseguradora estén litigando activamente para que se homologue el acuerdo y así poder pagar la suma pactada y cerrar el caso.

“En los hechos, están litigando para poder pagar y cerrar, y eso llama la atención”, señalaron fuentes vinculadas al seguimiento de la causa. Según esa interpretación, la estrategia empresarial apunta a fijar un monto definitivo, limitar su exposición económica y evitar que el expediente se reabra bajo un estándar de revisión ambiental más exigente.

“Si el caso se abre bajo un estándar ambiental pleno, eso implicaría nuevas pericias, control judicial más estricto y eventualmente obligaciones más amplias. Tenemos a dos actores con capacidad de sostener el litigio que prefieren cerrar pagando antes que exponerse a una revisión ambiental plena”, remarcaron.

Para esos sectores, la postura de Shell y de su aseguradora no constituye necesariamente una admisión jurídica de responsabilidad adicional, pero sí “evidencia una estrategia clara de gestión del riesgo: cerrar el conflicto dentro de parámetros económicamente controlables”.

La decisión final quedará ahora en manos de la Cámara Federal, que deberá resolver si convalida el acuerdo firmado hace ya 17 años o si mantiene abierto uno de los litigios ambientales más emblemáticos de la historia reciente argentina.