El Gobierno amplió cargos contra los jueces de la Corte

El Gobierno amplió la recusación a los jueces de la Corte Suprema en la causa por los fondos coparticipables que reclamó la Ciudad de Buenos Aires, en una presentación en la que además pidió que por “decoro” los miembros del tribunal “se excusen de intervenir” en este planteo y que, en cambio, el caso sea resuelto por “conjueces, elegidos entre los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país”.

Con la firma del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, en esta ampliación de la recusación impulsada en diciembre último el Gobierno incorporó el pedido de juicio político contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Dedicó parte de esta nueva presentación a la filtración de los supuestos chats de un estrecho colaborador del titular de la Corte, Silvio Robles, y el licenciado ministro porteño Marcelo D´Alessandro. “La existencia de ese tipo de vínculos entre un alto funcionario que asiste de manera próxima al Presidente del Tribunal (por Rosatti), y representantes políticos del Gobierno de la CABA -parte demandante en esta causa-, resultaba contraria a la prestación de un buen servicio de administración de justicia”, fundamentó la presentación.

La Procuración del Tesoro remarcó también que las comunicaciones entre D´Alessandro y Robles “tomaron estado público” y “dieron origen a denuncias de carácter penal ante la Justicia Federal” y motivaron el pedido de juicio político en el Congreso. “Resulta claro que se ha configurado un nuevo escenario en cuyo marco están dadas, sobradamente, las condiciones para que el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se aparte de este proceso”, insistió el Ejecutivo en alusión a Rosatti.

A finales del año pasado, el presidente Alberto Fernández pidió la recusación de Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti y el Gobierno presentó también un pedido de revocatoria “in extremis” contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal que dispuso que se destinara el 2,95 por ciento del volumen de impuestos coparticipables a la CABA.

Si bien la Corte no resolvió la cuestión de fondo en la discusión sobre las partidas coparticipables, avaló de todos modos una medida cautelar pedida por el Gobierno porteño, que en términos prácticos establecía que los pagos de ese 2,95 por ciento se hicieran “en forma diaria y automática” desde el Banco de la Nación hacia el Estado porteño.

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Ahora, el Gobierno reiteró su convicción de que los argumentos esgrimidos por la Corte -al hacer lugar a la medida cautelar planteada por CABA- constituyen un “anticipo de definiciones jurisdiccionales sobre el fondo de la cuestión debatida” y que, por ello, el máximo tribunal “no tendrá ya la objetividad necesaria para el ulterior tratamiento del caso”.

MOVILIZACIÓN A TRIBUNALES

Mientras, con poca convocatoria y sin referentes, organizaciones sociales, políticas y gremiales cercanas al kirchnerismo marcharon ayer por la tarde hasta la sede de la Corte Suprema de Justicia para respaldar el pedido de juicio político contra los integrantes del máximo tribunal que impulsa el Gobierno argentino. Bajo las consignas “basta de mafia judicial” y “defendamos la democracia”, hubo un reclamo de sacar el juicio político por decreto si no prospera el proceso en Diputados.

NUEVA AUDIENCIA EN DIPUTADOS

Legisladores oficialistas y opositores, asociaciones de juristas y de derechos sociales y abogados expondrán hoy ante la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados sus fundamentos sobre los pedidos de enjuiciamiento a los supremos.

Será la segunda reunión de la comisión, presidida por la diputada del Frente de Todos (FdT) Carolina Gaillard, para tratar los 14 expedientes presentados, que contienen más 60 acusaciones contra los miembros del alto tribunal.

La admisibilidad del juicio político se definirá en la reunión del próximo jueves 9 de febrero por simple mayoría y allí el oficialismo está en condiciones de imponer su postura, pero no tiene los votos para aprobarlo.