Crece el escándalo por los controles de Camioneros a los supermercados

Pese a la polémica desatada y las dos denuncias penales presentadas contra el gobierno, el sindicato de Camioneros continuará con el control de precios que realizan sus afiliados en los supermercados. Así se supo ayer, mientras crece el revuelo por la medida, que se extiende a los comercios de la Costa y ya provoca la reacción de los empresarios.

El fin de semana, cuando se conoció que militantes del gremio de Camioneros recorrían supermercados, el propio Pablo Moyano salió a afirmar que fue “el gobierno quien pidió la acción”, a través de la secretaría de Comercio que conduce Matías Tombolini. “Encanutan la mercadería y después remarcan los precios”, justificó el gremialista.

Ante el revuelo provocado por la medida, se iniciaron dos denuncias penales en contra del gobierno. Una la hizo la fundación Apolo y la otra, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, acusando a Tombolini, el ministro de Economía Sergio Massa, y el presidente, Alberto Fernández, de “abuso de autoridad”, “intimidación pública” e “incumplimiento de funcionario público”.

Sin embargo, desde la Casa Rosada dejaron trascender que continuarían con la medida, a pesar de las presentaciones realizadas en la Justicia.

Ayer hablaron también los empresarios. La Federación Argentina de Supermercados salió a expresar un fuerte rechazo y a alertar que la entidad analiza retirarse del programa “Precios justos”, que firmó con el gobierno.

Los supermercadistas rechazaron la decisión del gobierno de pedir a gremialistas y piqueteros que asistan en el control del cumplimiento del acuerdo de precios. La voz cantante la llevó Víctor Palpacelli, titular de la Federación Argentina de Supermercados. “Lo vemos con preocupación, por el simple hecho de que estas situaciones alejan la posibilidad de que distintas cadenas regionales se sumen al programa. Por el contrario, quienes están sumadas podrían bajarse porque se desalientan por este tipo de situaciones a las que nos exponen”, expresó en declaraciones radiales.

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Y sobre las denuncias de Moyano de supuestos desabastecimientos, explicó: “Queremos acompañar, pero evidentemente se necesita de la seguridad de la provisión de la mercadería de parte de la industria”. Palpacelli también negó que el sector esté realizando acopio de mercadería. “Lejos está de nuestra parte la intención de acaparar y no vender”, agregó.

El delegado de la rama Logística de Camioneros, Oscar Borda, es el encargado de coordinar el operativo a cargo del gremio y “centralizar” la información que remitan los choferes para enviarla a la secretaría de Comercio. La conducción de Borda es también polémica porque el gremialista está apuntado por involucramientos en extorsiones y episodios de violencia en algunas empresas.

La medida se inició la semana pasada, cuando militantes de Camioneros llevaron adelante tres operativos coordinados: uno a Coto, otro a Carrefour y el último a Cencosud.

Según trascendió de fuentes del gobierno, los empleados del área de fiscalización de la secretaría de Comercio están en contacto con las compañías, a las que le están solicitando información para avanzar con multas por incumplimiento, de acuerdo con diversas fuentes. El proceso tardaría hasta un mes.

Algunas de las informaciones ya enviadas a la secretaría de Comercio tienen que ver con entregas demoradas, parciales o inconvenientes en el cumplimiento del stock de acuerdo a los listados de reposición que enviaron los supermercados.

Una de las empresas que recibieron una visita de Camioneros apuntaba a que una compañía de consumo masivo sólo había enviado el 28 por ciento de los productos solicitados. La sospecha oficial es que esa mercadería se estaría desviando a los canales de autoservicios y pequeños comercios, que no están incluidos en el programa de congelamiento de precios.

MULTAS DE HASTA $170 MILLONES

Ayer, fuentes oficiales confirmaron que se elevaron los montos de las multas. El año pasado regía un máximo de 5 millones de pesos por los incumplimientos más graves, mientras que a partir de este mes comenzó a aplicarse una fórmula elaborada a partir de canastas del Indec cuyos montos pueden ascender hasta los 170 millones de pesos.

Los controles generalizados, en los que intervinieron funcionarios nacionales, y cuyas imágenes se viralizaron la semana pasada, podrían volver a repetirse de detectarse bajos niveles de abastecimiento de los productos de Precios Justos, que ahora rondan el 60 por ciento.

En el ministerio de Economía se preparan para aplicar multas a las empresas que incumplan el acuerdo, como fue el caso Día, contra la que se realizó un operativo de control específico sobre 40 por ciento de las sucursales de la cadena, que derivó en 75 infracciones y tres clausuras.

Ayer desde el gobierno habían admitido que la medida no cuenta con un marco legal específico ni fue incluida en acuerdos escritos.