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Peritos informáticos de la Policía Federal y de la PSA debieron declarar ante la jueza Capuchetti. Cruce de versiones
Luego de conocerse que podría perderse la información que contenía el teléfono celular de Fernando Sabag Montiel, detenido acusado del atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, comenzó el cruce de acusaciones y reproches entre el Juzgado, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) por el reseteo al que el aparato fue sometido.
Contrariamente a lo dicho por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, respecto de que la Policía Federal no había manipulado el dispositivo, fueron dos peritos de esa fuerza los primeros en intentar "abrir" el teléfono. Los efectivos trabajaron en el Juzgado, habiendo encendido el equipo cuando lo conectaron para intentar la primera extracción y lo colocaron en modo avión para que nadie pudiera tener acceso remoto.
Allí se iniciaron los intentos de extracción con personal técnico de policía Federal y el uso de un sistema denominado UFED (Universal Forensic Extraction Device por sus siglas en inglés), que es un Dispositivo Universal de Extracción Forense que permite extraer toda la información que tenga el aparato.
Cuando vieron que era imposible seguir con los intentos por desbloquearlo, hicieron un informe para dejar registro de las actuaciones y la condición en la que el teléfono quedó bajo custodia del juzgado, en caja fuerte.
Fue entonces que la magistrada le dio el análisis a la PSA, de ahí que el viernes por la noche un auto con un empleado del Juzgado y un custodio de Capuchetti lo llevara al laboratorio de esa fuerza en Ezeiza.
Sin embargo, al intentar extraer la información en oficinas de la fuerza apareció en la pantalla del teléfono una leyenda que advertía sobre el formateo y que no era posible realizar la operación. El teléfono volvió en esas condiciones a la caja fuerte del juzgado, siempre encendido y en modo avión.
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Ante esta situación Capuchetti citó a declarar a los dos técnicos que se encontraron con este problema en el aparato. En rigor, fueron los peritos informáticos de ambas fuerzas los que ayer debieron declarar ante la jueza. La investigación apunta a determinar la cadena de custodia de ese teléfono, que según el juzgado estuvo siempre bajo su control desde que fue secuestrado el jueves por la noche, tras la detención de Sabag Montiel.
Sobre el teléfono, fuentes judiciales explicaron que de la tarjeta SIM y la memoria extraíble sí fueron accedidas y se obtuvo toda la información que contenía. Lo que no fue accesible fue el contenido del dispositivo, que es donde se presume que queda almacenada la información más relevante. Por eso la magistrada apunta a que agencias internacionales puedan reconstruir aquello que se perdió cuando el aparato fue "reseteado" como cuando sale de fábrica.
En este sentido, una experta informática de la PSA declaró que para resetear el teléfono es necesario hacerlo de manera física y no remota. Se trata de Camila Dafne Serén, técnica de la PSA, quien ante la jueza explicó que “las causas probables para que se registre este error es a través de la interacción de una persona mediante una herramienta, no necesariamente forense y el equipo de comunicaciones”.
La experta indicó que el programa informático utilizado en el intento de extracción de la información, UFED, normalmente no causa el formateo del teléfono que inspecciones. “Pero sí puede que se producto algún error como el Warning, de letras rojas. Ha habido muchos casos, dependiendo el modelo del teléfono y la compatibilidad de ese modelo con la herramienta”.
Consultada por Capuchetti sobre si el error que arrojó el teléfono cuando fue abierto en la sede de la PSA en Ezeiza "podía producirse de manera remota", la perito respondió: "no, resulta necesario que el equipo de comunicaciones se encuentre conectado mediante cable de conexión a la herramienta utilizada. No es posible usar la herramienta de WIFI. La conexión sí o sí es por cable", lo cual descarta la posibilidad de un hackeo por vía remota del aparato.
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