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Francisco Gismondi *
Director Macroeconómico de Empiria Consultores
La economía argentina está en una trampa desde hace más de medio siglo y por más básico que parezca, el problema, y la solución, es fiscal. La inflación y la deuda son dos emergentes de lo mismo. En los últimos 60 años Argentina tuvo 47 años con déficit primario y 54 con déficit fiscal. Solo un año cada 10 con superávit, concentrados en la posconvertibilidad.
Tal vez hay que sobreactuar un poco lo fiscal para lograr con hechos lo que ya no se puede lograr con promesas. Otros países pueden tener déficit, pero Argentina necesita superávit fiscal, pagando intereses y todo. Si se arregla lo fiscal, es posible que muchos esquemas monetarios logren buenos resultados y si no se arregla, no hay programa monetario que resuelva la situación económica.
Milton Friedman acuñó una frase muy cierta y repetida hasta el cansancio en estos días: “La inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario”. Pero más recientemente Thomas Sargent, parafraseando a Friedman agregó: “La inflación alta y persistente es siempre y en todas partes un fenómeno fiscal en el que el Banco Central es el cómplice monetario”.
Este es el caso de Argentina, donde la inflación es monetaria pero su raíz ya es claramente fiscal. Los economistas llamamos a este fenómeno “dominancia fiscal”, dado que el Banco Central termina contribuyendo pasivamente a emitir para financiar el déficit del Tesoro.
Sin crédito interno ni externo, todo el déficit termina siendo inflacionario. Cuando hubo crédito externo o crédito interno como ahora (con cepo hay un crédito en pesos no enteramente voluntario), se generaron problemas de deuda que repartieron las cargas entre la inflación y la deuda. Pero si se resolviera el déficit en forma sostenida, las crisis de deuda o de alta inflación dejarían de existir.
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El problema de fondo es el nivel de gasto público infinanciable que termina recayendo sobre la proporción formal de la economía, generando una carga impositiva que nos hace muy poco competitivos. Desde fines de los ‘90 el gasto público consolidado pasó de un nivel del 27 por ciento del PIB al aproximadamente 40 por ciento actual.
Es tan cierto que hay que achicar el gasto como que hay que reducir (y mejorar) los impuestos, pero el orden en el que se hagan las reformas no es trivial. La baja del gasto es más prioritaria que la baja de impuestos, tanto por su implicancia en el equilibrio fiscal como por su dificultad. Aunque no sea nada fácil, el orden es primero bajar el gasto y luego bajar los impuestos.
No hay atajos. Dolarizar para que luego los políticos bajen el gasto o bajar los impuestos para que dejen de gastar nunca funciona. Lo difícil es bajar el gasto y eso es lo que hay que encarar con seriedad. Con éxitos contundentes por ese lado, luego se pueden (y se deben) bajar los impuestos.
La discusión entre gradualismo o shock quedó obsoleta en las actuales circunstancias. Es shock o shock. Tal vez, con un poco más de detalle, se necesitan anuncios de shock, bajar el gasto de golpe, ser más graduales en baja de impuestos y en la reforma impositiva y sobre todo ser más pacientes con los resultados, porque van a demorar en llegar.
A los países de la región les llevó al menos cinco años estabilizar la economía desde inflaciones moderadas a altas y eso implica, como mínimo, dos períodos de gobierno. Eso implica acordar con una oposición responsable, que tenga capacidad de continuar las reformas.
Por supuesto que con bajar el gasto no alcanza, es solo una condición necesaria. Luego tendrán que venir las llamadas reformas estructurales y mucho de microeconomía. Pero sin estabilizar la macroeconomía nada va a funcionar.
Algún día el país tendrá que encarar con seriedad la cuestión económica. Nada que nuestros vecinos no hayan hecho ya hace por lo menos dos décadas. El desafío es mayúsculo, porque antes de convencer a la política hay que convencer a la sociedad. Y la competencia es difícil, siempre el populismo ofrece espejitos de colores que son más atractivos, aunque no sirvan para nada.
* Nota publicada en eleconomista.com.ar
“El problema de fondo es el nivel de gasto público infinanciable que termina recayendo sobre la proporción formal de la economía”
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