Vuelven a la carga con la la ley de jubilaciones del Bapro

El oficialismo decidió volver a la carga con el polémico proyecto de reforma a la ley jubilatoria del Banco Provincia. Ayer dio el primer paso en la comisión de Asuntos Previsionales de la Cámara de Diputados bonaerense con lo que retomó impulso la polémica iniciativa que se frenó hace unos días cuando, ante una intervención de Mauricio Macri, se cayó un acuerdo en el que venían trabajando el Frente de Todos y Juntos.

El dato político surgido ayer tiene al menos dos aristas. Una, es la antedicha: que el oficialismo resolvió retomar la ofensiva para imponer una serie de cambios a la ley que se aprobó durante la gestión de María Eugenia Vidal. La otra, que la oposición votó dividida en la comisión, acaso como resabio del clima de tensión que quedó en Juntos tras aquella irrupción del ex presidente.

En efecto, mientras las radicales Melisa Greco y Vanesa Zúccari se abstuvieron, la diputada Johana Panebianco, del PRO, votó en contra. No sólo eso: redactó un dictamen que contiene fuertes críticas a la reforma que plantea el gobierno de Axel Kicillof. Los votos a favor los aportaron Fabio Britos (presidente de la comisión y aliado del FpV desde el bloque 17 de Noviembre), el massista Nicolás Russo y las kirchneristas Susana González y Soledad Alonso.

La ley que ahora se busca reformar fue aprobada durante la gestión de María Eugenia Vidal. Con el objetivo de reducir el déficit de la Caja que se estima en unos 15 mil millones de pesos al año, se elevó la edad jubilatoria de los bancarios a 65 años para hombres y mujeres, se bajó el beneficio del 82 por ciento móvil al 70 por ciento y se modificó el cálculo para adecuarlo a la normativa del Anses.

Los cambios generaron una avalancha de reclamos judiciales de jubilados que plantearon que se vulneraron derechos adquiridos. Y la Asociación Bancaria ingresó un planteo de inconstitucionalidad que se dirime en la Suprema Corte.

En el medio, el gobierno de Axel Kicillof presentó un proyecto para cambiar la reforma de Vidal que se fue corrigiendo en medio de algunas negociaciones con la fuerte intervención del gremio bancario. Por caso, retornaba al 82 por ciento móvil, se bajaba la edad jubilatoria para las mujeres a 60 años y se regresaba a la Provincia como garante del déficit de la Caja, cuando el proyecto de Vidal hacía cargo al propio Banco Provincia.

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Todo parecía encaminado a que el proyecto se aprobara hasta que apareció en escena Mauricio Macri. Algunas versiones aseguran que fue por la advertencia que le habría llegado del despacho de un legislador bonaerense. Los equipos técnicos del ex ministro de Economía Hernán Lacunza hicieron un análisis muy crítico de la reforma y con esos datos en mano, el ex presidente detonó el acuerdo que por el lado del PRO venía anudando el intendente de Lanús, Néstor Grindetti. Luego de ese episodio, Grindetti renunció a su rol como interlocutor opositor con el Ejecutivo bonaerense.

“Otra vez quieren aumentar el gasto público y consagrar privilegios de jubilados que ganan en promedio 200 mil pesos por mes. Y ese privilegio lo termina asumiendo la Provincia”, era la justificación que se escuchó en el ala dura del PRO para justificar el rechazo que terminó arrastrando a todo Juntos. “Privilegios y más gasto público”, sintetizaban.

El dictamen negativo de la diputada Panebianco que alumbró ayer en la comisión de Previsión de Diputados, va en esa dirección. Señala que el déficit de la Caja “impacta directamente en los recursos disponibles de la Provincia. Con un déficit financiero anual de unos $15.000 millones, volver a poner a la Provincia como garante del déficit del Banco se traduce en que 17 millones de bonaerenses (45% de los cuales vive en condiciones de pobreza) financiarán a unos 15.000 jubilados con haberes promedio superiores a los $200.000 y jubilaciones máximas superiores a los $700.000”.

Pero la otra novedad de la reunión de ayer tiene que ver con la vuelta atrás con los cambios que formaban parte del acuerdo frustrado: ahora el oficialismo irá a la carga con el texto original del proyecto de Kicillof que avanza más en la derogación de varias de las reformas que había impulsado Vidal.

Con la decisión de ya no explorar un acuerdo con la oposición, el kirchnerismo deberá transitar un camino que puede llevarle no poco tiempo. El proyecto todavía tiene que pasar por las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto. Luego, deberá conseguir el voto de algunos aliados para conseguir mayoría y dejar la iniciativa en manos del Senado.

El FpV cuenta con 42 diputados y necesita al menos 46 (en caso de que asistan a la sesión todos los legisladores) para aprobar la reforma. Las miradas están posadas sobre los 3 legisladores de izquierda, la peronista disidente Débora Indarte (que acaba de escindirse del Frente de Todos) y la bancada de Britos, que se supone que apoyará.

No es la única incógnita. El radicalismo puede que haya dado ayer una señal con la abstención de sus dos legisladoras en la comisión, mientras que el PRO se encamina a votar en contra. Se supone que lo propio harán los 3 diputados de Avanza Libertad. Mientras tanto, los dos diputados del possismo no siempre coinciden con el esquema de Juntos, que en esta ocasión aparece dividido.

Una diputada del PRO votó en contra y dos del radicalismo se abstuvieron

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