Finalmente, desituyeron a la fiscal anticorrupción de Entre Ríos

Cinco de los siete miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos votaron por la destitución de la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche. El fallo, en cuya redacción final trabaja el tribunal, sería dado a conocer en las próximas horas.

Goyeneche es procuradora adjunta (número dos de la Procuración de Entre Ríos), coordinaba los equipos de investigación en causas de corrupción e integró el grupo de fiscales que el mes pasado determinó la condena del exgobernador Sergio Urribarri a ocho años de prisión.

El principal cargo en su contra fue no haberse excusado en un caso cuando, según la mayoría, debió hacerlo.

El apartamiento no sorprendió a Goyeneche. Lo interpretó como la “consumación” de una maniobra que estaba convencida de que terminaría así y en el marco de “una reacción desmesurada y absurda porque descubrimos una trama de corrupción muy grande y yo aporté a esa investigación”.

“Lo que ocurrió es el primer paso de la gran derrota del sistema corrupto de Entre Ríos porque quedaron a la vista las complicidades dentro del Poder Judicial y también del sistema político, encabezado por el gobernador Gustavo Bordet”, apuntó luego de que votaran por su remoción los tres jueces del Superior Tribunal de Entre Ríos que integran el Jurado (Juan Smaldone, Gisella Schumacher y Daniel Carubia), uno de los representantes de los legisladores provinciales, el peronista Armando Gay, y uno de los representantes de los abogados, Gonzalo García Garro.

En tanto que a favor de reponer a la fiscal en su cargo (en el que lleva cinco meses suspendida) se pronunciaron la abogada Verónica Mulone y el diputado provincial del peronismo, Gustavo Zavallo.

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El reglamento del Jurado de Enjuiciamiento no prevé ningún recurso contra la decisión de remover al funcionario acusado, pero en casos similares, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema, se admitió que quien fue echado presente un recurso de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de la provincia. Si el Superior Tribunal rechaza su planteo, podrá interponer un recurso extraordinario para llegar a la Corte nacional.

La acusación

La acusación principal contra la fiscal fue por no haberse excusado de intervenir en una causa de corrupción en la Legislatura provincial pese a que su marido era amigo y había sido socio de uno de los imputados, el contador Pedro Opromolla. Además, Goyeneche y este contador -cuyo estudio fue allanado- compartieron la propiedad de dos inmuebles que compraron a través del estudio de arquitectos en el que trabajaba el marido de la fiscal.

Cuando ordenaron embargar los bienes de este acusado, la Justicia encontró que uno de los departamentos que intentaron inmovilizarle pertenecía a Goyeneche (ella dice que entonces no compartían la propiedad). En cuanto al otro inmueble compartido, la fiscal le cedió su parte a una sobrina, con la causa ya avanzada y, según dijo, para no tener nada más que ver con Opromolla. Finalmente, la fiscal se apartó del caso y sostuvo en su defensa que ella nunca tuvo “trato directo” con Opromolla porque era amigo de su marido y que no tenía obligación de excusarse porque los fiscales solo deben hacerlo cuando está gravemente afectada su “objetividad”, algo que, insistió, no sucedió.