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Una vez más vecinos de una zona de La Plata, en este caso de Tolosa, denunciaron el robo de cables telefónicos, que los priva de ese servicio y de internet.
Se trata de una habitual y creciente inquietud para los habitantes de La Plata y de la periferia se ven sometidos al flagelo de este delito que, por sus consecuencias y alcances sociales, debiera ser tipificado y castigado con penas muy severas. El reclamo formulado por los vecinos de Tolosa se asemejó también a muchos otros concretados desde distintos barrios: “Llamamos a la empresa y sólo atienden máquinas”.
Cuando los robos afectan al servicio eléctrico, se sabe que, además de las consecuencias propias para cada domicilio o comercio, relacionadas a la interrupción del suministro, algunos cables cortados suelen quedar colgando peligrosamente y además se corta el servicio de televisión por cable.
Es conocido que el kilo de cobre en el mercado negro local se comercializa a un alto valor. Está confirmado, asimismo, que el robo de cables para su reducción y comercialización en este mercado es un problema de importancia creciente. Pareciera que las investigaciones policiales debieran centrarse en este objetivo.
Los robos de cables se registraban antes en zonas poco pobladas y sobre el tendido aéreo de baja tensión, pero ahora la modalidad delictiva, que abarca a varios suministros, se hace notar también en zonas con alta densidad demográfica.
Está claro que debe ponérsele freno a esta ola de robos que, mayoritariamente, jaquea a los servicios públicos de luz, teléfonos e internet.
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En años anteriores, el Defensor del Pueblo reclamó medidas para ponerle freno a este tipo de delito, al tiempo que recomendó que el ministerio de Economía incluya la exigencia de un certificado que acredite el origen de los desechos de cobre en el proceso de comercialización y exportación.
Es necesario ponerle efectivamente un freno a estaq seguidilla de robos que, mayoritariamente jaquea a los servicios públicos de luz y teléfonos. A pesar de que se han sancionado leyes específicas en la Provincia y de que se tomaron medidas desde el Estado nacional, no sólo no se ha reducido este flagelo, sino que se ha incrementado.
Los datos de la realidad demuestran que debe insistirse en la necesidad de evaluar una solución integral para frenar un delito que afecta y causa trastornos a muchos vecinos.
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