Inexplicable pasividad de la Policía ante los ataques a inspectores municipales

Hace pocos días un agente municipal de tránsito fue brutalmente agredido al intentar identificar a un motociclista, que le aplicó un codazo en el rostro y le provocó una fractura en su tabique nasal. El agresor, de inmediato, aceleró a fondo y huyó de la escena con rumbo desconocido. Mientras tanto, la víctima, visiblemente dolorida y con sus ropas ensangrentadas, tuvo que ser derivada para su asistencia al hospital Italiano, donde le diagnosticaron la grave lesión ósea.

Por este hecho, desde la Comuna platense volvieron a denunciar la falta de apoyo policial. Y dijeron que el ministerio de Seguridad bonaerense estaba al tanto del retén que se pensaba montar en el lugar –la cuadra de 50 entre 13 y 14-, para el que incluso, por nota, pidieron custodia entre las 0.15 y las 4 de la madrugada, cuando se llevan a cabo los imprescindibles controles de alcoholemia que puede contribuir a reducir accidentes y hasta asesinatos, porque así deben ser llamados.

Como se sabe, no es esta la primera vez que los inspectores de la Municipalidad local son agredidos y que los efectivos policiales, en algunos casos, presentes durante esos incidentes, como los episodios ocurridos semanas antes con vendedores ambulantes, se mantienen por completo ajenos, como si no les correspondiera actuar en defensa de esos funcionarios públicos agredidos por cumplir su deber.

En la última ocasión, el director municipal de Tránsito señaló que “esto ocurre todas las noches desde hace algunos años, pero nosotros no somos policías para perseguir a quienes se escapan de los controles, por eso en cada operativo libramos una orden de servicio solicitando refuerzo policial fijo”, como ocurre en otras ciudades.

Al margen de los detalles y características particulares de cada uno de estos casos, convendría por lo pronto recordar, como principio institucional e insoslayable, que todas las personas –pero muy especialmente los que ocupan cargos públicos y, mucho más si pertenecen al área de seguridad-, tienen el deber de actuar y hacer la correspondiente denuncia ante las autoridades penales correspondientes.

De modo que los policías provinciales que habrían sido testigos de este ataque -según la Municipalidad- que causó lesiones graves y obligó a la internación de un inspector, al no proceder para intentar detener al agresor y denunciar después el delito, habrían incumplido gravemente con sus funciones.

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Es cierto que el poder público se encuentra compartimentado, pero sólo para que los diversos organismos especializados aborden con mayor idoneidad el tratamiento de los diversos temas. De modo que, cuando se trata de asuntos de interés superior y común –como, en este caso, de la seguridad- el Estado argentino delega en la Policía, en modo intransferible, el poder de contralor.

De ninguna manera, entonces, la Policía, puede desentenderse de un asunto de seguridad alegando que se presenta en el territorio de un Municipio. Si así lo hiciera, incumpliría con básicos deberes inherentes a ella. La función del Estado se cumple y ensambla en una unidad, no en un rompecabezas anárquico.

Cuando los funcionarios públicos hablan de la necesidad de jerarquizar a la Policía no debieran dejar de lado que estas actitudes, inexplicables e injustificables, le hacen un flaco favor a esa intención.