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Sergio Urribarri
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Sergio Urribarri
En el marco de una megacausa por presuntos hecho de corrupción, la fiscalía de Entre Ríos pidió 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para el ex gobernador peronista de esa provincia, Sergio Urribarri.
En tanto, el fiscal pidió 10 años de cárcel para el cuñado de Urribarri, quien actualmente se desempeña como embajador en Israel y Chipre. El apuntado es Juan Pablo Aguilera, que es funcionario del Senado entrerriano. La misma pena solicitó para Pedro Angel Baez, ex ex ministro de Cultura y Educación entrerriano.
La investigación apunta a negociaciones incompatibles, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público por el presunto desvío de fondos de campañas de publicidad durante la gestión del actual funcionario.
Se trata de un juicio que agrupa 5 causas de corrupción, donde se investigan a 13 imputados.
Por su parte, otro alto ex funcionario acusado es el ex ministro de Turismo, Hugo Marsó, para quien se solicitó 5 años de prisión
Los fiscales calcularon el desvío de dinero en alrededor de 9 millones de dólares en contratos de publicidad oficial. De hecho, un empresario «arrepentido» admitió haber conseguido contratos a cambio de retornos al cuñado de Urribarri.
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El ex gobernador dio su versión en el juicio y habló de una operación judicial, política y mediática en su contra y apuntó contra el diputado macrista Rogelio Frigerio y contra el periodista Daniel Enz, entre otros.
En tanto, el empresario Jesús José María Bustamante logró zafar del juicio. En mayo de 2018, la Justicia lo condenó a dos años y ocho meses de prisión condicional.
Bustamente estaba acusado del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la Administración Pública.
Bustamante aceptó el rol de arrepentido y admitió haber estafado al fisco mediante un sistema de contratos de publicidad en vía pública de la que tomaron parte las firmas Tep SRL y Next SRL, ambas que se adjudican al cuñado Aguilera, y Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay.
El empresario dijo haber formado parte de una organización en la que se aseguraba contratos de publicidad del Estado a cambio de pagar “retornos” a Aguilera.
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