Se agudiza la grieta en el país por un grave conflicto a las puertas del año electoral

Columnista de EFE

El complejo e impredecible tablero político de Argentina profundizó la grieta por un grave conflicto institucional que involucra a la Corte Suprema, al Gobierno nacional, a la ciudad de Buenos Aires y a las provincias, a las puertas de un año que estará marcado por los comicios presidenciales.

El nuevo problema se desató tras el fallo de la Corte Suprema, que el pasado miércoles ordenó al Ejecutivo restituir a la ciudad de Buenos Aires millonarios fondos derivados de la recaudación tributaria que deben repartirse entre las provincias y la capital federal.

El presidente Alberto Fernández dijo que el fallo “político” que ordena devolver fondos que le habían sido quitados a CABA y que deja mejor parado al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, es de “imposible cumplimiento” y decidió recusar a los miembros del máximo tribunal y solicitar la revocación de la medida cautelar.

SIN PRECEDENTES

Su determinación derivó en respaldos por parte de un grupo de gobernadores -aunque no contó con el apoyo de dos provincias fuertes como Córdoba y Santa Fe- y aliados del oficialismo, denuncias por parte de la oposición y un debate entre expertos del Derecho y analistas políticos sobre los alcances jurídicos pero también políticos del fallo de la Corte y su eventual incumplimiento.

“Esto genera un conflicto institucional sin precedentes. Claramente esto produce un desorden institucional muy grande y es gravísimo desde el punto de vista republicano”, explica Diego Isabella, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Belgrano.

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Según el letrado, miembro de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, Alberto F. decidió no acatar el fallo por una cuestión “política”, en un escenario en el que “el Gobierno federal viene socavando sistemáticamente al Poder Judicial desde hace tiempo”.

Las críticas del Gobierno a la Justicia se han agudizado desde la reciente decisión de un tribunal oral de condenar a la vicepresidenta Cristina Kirchner, en un caso de administración fraudulenta por la concesión irregular de obras viales y que quien gobernó Argentina entre 2007 y 2015 atribuyó a una “mafia paraestatal” integrada por jueces, políticos y empresarios.

EMPODERANDO LA GRIETA

Para el analista político Jorge Arias, más allá de la interpretación jurídica de los fundamentos del fallo, la Corte también adoptó una “definición de carácter político favoreciendo al distrito más rico e importante de una Argentina muy desigual”, gobernado por Rodríguez Larreta, quien se perfila como uno de los candidatos para las presidenciales dentro de Juntos por el Cambio.

“Creo que hay una intencionalidad y una especulación política de los jueces. Están tratando de beneficiar al mayormente potencial próximo presidente de los argentinos”, dice Arias, de la consultora Polilat.

Para el experto, la decisión de Fernández “no significa un atentado a la democracia”, sino que es la determinación de un “Gobierno atormentado por una crisis socio-política y económica” y con poco margen fiscal para dar cumplimiento a la medida cautelar.

Desde la perspectiva de Arias, en este conflicto de poderes “nadie es inocente, ni el presidente, ni el jefe de Gobierno de la ciudad, ni los gobernadores, ni los miembros de la Corte”, sino que “todos están, en definitiva, alineándose en una grieta en torno a las próximas elecciones”.

En su lectura, cree que el conflicto le viene “como anillo al dedo” tanto a Rodríguez Larreta, que hasta ahora se veía inmerso en una “interna feroz” en un frente opositor que ahora lo respalda unánimemente en este conflicto, como a Alberto Fernández, quien está logrando encolumnar apoyos cuando hasta ahora “no parecía en condiciones de ser cabeza de ningún proceso político”.

“La Corte decidió empoderar primariamente a Rodríguez Larreta, pero también, por contraposición, a una raída imagen del presidente”, consideró Arias.

Según su análisis, Cristina Kirchner, que mantiene serias diferencias con el jefe de Estado, “se ve obligada a estar del lado de Alberto Fernández” en este conflicto, “salvo que su táctica política le indique otra cosa y vea como una oportunidad” que la oposición avance en un eventual juicio político al presidente “y se quede ella en el poder”.

Por lo pronto, vaticina, se avecina “más ruido y nada que le sirva al país”, con una evolución incierta en un escenario siempre cambiante en la “esquizofrénica vida política argentina”.