Últimas palabras: las verdades cristinistas y la épica de la resistencia

Por tercera vez desde que se inició el juicio “Vialidad”, Cristina Kirchner avanzó ayer un paso más en la construcción de la épica de la resistencia al eventual fallo condenatorio del Tribunal, que la juzga por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta. El veredicto se conocerá el próximo 6 de diciembre. Usó el beneficio de “las últimas palabras”, una figura con nombre poco feliz.

La Vicepresidenta viene trazando las bases de lo que será, en caso de que la condenen, el desconocimiento del fallo judicial bajo las mismas premisas de siempre: que todo es mentira, que la persigue el “Partido Judicial” en connivencia con el macrismo y los medios no adictos al kirchnerismo. Y que todo eso se debe a una estrategia para disciplinar al peronismo en general y a ella en particular por lo hizo durante su gobierno y, antes de eso, lo que inició el fallecido Néstor Kirchner. La frase “este tribunal es un pelotón de fusilamiento” está destinada a ser una de las nuevas “verdades” cristinistas.

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“Las 20 mentiras”

Después de su alocución de casi veinte minutos, menos sanguínea que otras veces, Cristina subió a las redes un decálogo que tituló “Las 20 mentiras del caso Vialidad”. Que es su versión de las supuestas incorrecciones de la acusación de los fiscales Luciani y Mola.

¿Tienen valor jurídico? No. ¿Contienen datos que acreditan su inocencia? Tampoco. Es, sobre todo, un paper para la militancia, una hoja de ruta para que recite la feligresía cuando deba refutar el eventual fallo condenatorio que aún no tiene resolución. Unos mandamientos doctrinarios, como ella misma explicó. No sorprende: Cristina suele hablarle sólo a su propia audiencia.

¿Y si los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu consideran finalmente que las pruebas que presentaron los fiscales no son consistentes como para la condena o no ameritan la pena de 12 años que pidieron para ella? ¿Qué dirá la Vicepresidenta?

En su derrotero en este juicio, iniciado hace tres años, la vice se ha demostrado como una experta en mezclar cuestiones que nada tienen que ver con el expediente para argumentar la supuesta persecución. Según su visión, el trabajo normal de la fiscalía, básicamente acusar y presentar pruebas (que, se reitera, luego son evaluadas por un Tribunal), en realidad representó una “diatriba” para “injuriar”, “denostar no conforme a derecho como si fueran periodistas de Clarín o La Nación”, “ocultar hechos, inventar y tergiversar otros”.

También, que el alegato de su defensa, encarada por el reconocido abogado Alberto Beraldi, por sí solo y más allá de la calidad del mismo alcanza para anular las acusaciones de los fiscales. Así nomás, como si fuera una contraparte automática sin la intervención del Tribunal correspondiente.

La frase reiterada como verdad absoluta, “quedó demostrado que las palabras del fiscal eran mentiras”, ¿a quién alude? ¿Para quién quedó demostrado? ¿Para ella? ¿Para su gente? ¿Para la opinión pública en general? En todo caso, los tres jueces deben decidir eso, no los acusados. Y luego, eventualmente, la instancia apelatoria.

Otro firulete: Cristina aseguró una vez más que los fiscales Luciani y Mola “no pudieron responder ninguno de los hechos” que la defensa y ella misma presentaron. Esa no es función de la fiscalía. Es al revés. Ellos deben demostrar que ella es culpable porque rige el principio de inocencia.

Por supuesto que Cristina aludió al atentado que sufrió. Apuntó a la Justicia diciendo que cuando ella es acusada se aplica la figura de asociación ilícita -como en el caso Vialidad- pero cuando es víctima, no se utiliza. Se refería a Los Copitos, esos marginales que llevaron adelante el ataque, y a Revolución Federal, el grupo de agitadores que según el cristinismo es financiado por el macrismo.

Subyace atrás de ese apunte de la Vicepresidenta la queja, el reclamo, porque la investigación judicial aún no ha establecido que el ataque fue una gran conspiración política bajo la tesis de que el intento de magnicidio se dio porque este juicio contribuyó a generar un clima de odio en la sociedad que fue aprovechado por la oposición y se corporizó en la gatillada fallida de Sabag Montiel.

Porque para la construcción discursiva de Cristina, que será material de la campaña 2023, el objetivo del juicio Vialidad es “que nunca nadie vuelva a atreverse a hacer las cosas que hicimos nosotros”. A saber: “Que Néstor le haya pagado al FMI, recuperar las AFJP, recuperar YPF”.

Sería extenso detenerse en la refutación de alguno de estos ítems citando los costos que significaron, algo que puede hacerse sólo con googlear. Pero lo notable es la persistencia en el armado de un relato místico-político con ningún argumento sólido detrás, más allá de la fe ciega en ese mismo relato.

Un vuelto

En este juicio, la Justicia debe probar que en los gobiernos de Néstor y Cristina se armó un esquema para direccionar desde la Nación obra pública en Santa Cruz hacia la empresa de un amigo de la familia, Lázaro Báez. La Vicepresidenta insiste en que esto es un vuelto porque el matrimonio, durante sus 12 años de gestión, llevó adelante medidas que beneficiaron “al pueblo” y perjudicaron a los poderosos.

Desde ya, Cristina ubica entre los poderosos a los que luego estuvieron en el gobierno macrista, al que le enrostra la millonaria deuda con el FMI (“Esos están en Qatar mirando el Mundial”, dijo en referencia a Macri) o que han comprado un departamento en un lugar privilegiado de la Capital y que les es difícil explicar, como supuestos mecanismos delictivos. Esta última es una alusión absolutamente verídica a María Eugenia Vidal, flamante vecina de un barrio acomodado. “Después la chorra soy yo”, chicaneó Cristina. Como si una cosa, la eventual turbiedad de esa compra por parte de la ex gobernadora, contrabalanceara la otra.

Cristina ubica entre los poderosos a los que luego estuvieron en el gobierno macrista