El cierre de listas y una nueva instancia en la vida electoral de nuestro país

Con negociaciones abiertas hasta último momento, con inevitables reacomodamientos tanto en el oficialismo como en la oposición, con sorpresas de última hora y, aún, con tironeos y episodios tensos, muchos de los cuales son propios de estas instancias, los partidos políticos y alianzas de nuestro país presentaron ayer los candidatos que competirán en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre próximo.

Lo primero que corresponde señalar es que esta circunstancia ratifica la vigencia del sistema democrático recuperado hace casi 40 años, lapso en el cual las sucesivas elecciones -tanto las primarias como las generales- dejaron en claro que fueron muestras de civilidad y que, mayoritariamente, vinieron permitiendo la alternancia en el gobierno de distintos partidos y alianzas políticas.

En lo concerniente a las PASO se sabe que aparecieron en principio como una herramienta idónea para alcanzar mejoras de fondo en el sistema electoral. Las elecciones primarias se concretan cuando, en teoría, los votantes seleccionan al candidato que, luego, un partido presentará en la elección general posterior.

No obstante, el hecho de que sean obligatorias -una condición que no rige para este tipo de procesos electorales en ningún otro país del mundo- constituye una referencia negativa que debiera ser reformada y, por lo tanto, pasar a ser voluntarias para los afiliados de cada partido.

También es cierto que las PASO -tal como vinieron siendo llevadas a la práctica- carecieron de efectividad institucional, toda vez que la mayoría de los partidos políticos vinieron decidiendo en forma anticipada la conformación de sus listas, llegándose al extremo de que, por fuera de ellos, en los últimos comicios presidenciales las candidaturas a los dos cargos principales de nuestro país fueron decididas “a dedo” por las dos principales fuerzas políticas.

Existieron, asimismo, consistentes reparos al hecho de que afiliados de un partido puedan votar en las internas de otro partido político, en una situación que se presta a maniobras que nada tienen que ver con la transparencia electoral.

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Sin embargo, como se ha dicho, lo que parece abundar en el caso de las PASO es la obligatoriedad del voto, ya que se plantean situaciones que, en algunos casos, obligan a los ciudadanos a concurrir a las urnas dos, tres o más veces por año, lo cual constituye un exceso.

Es clave entender que las PASO, al no definir la elección concreta de candidatos para ocupar cargos públicos, ya que sólo dirimen posiciones en las internas partidarias, no deberían exigir la concurrencia compulsiva a las urnas de todo el electorado, sino, en todo caso, de aquellas personas que voluntariamente quieren participar activamente en las elecciones de naturaleza partidaria. Este es el criterio que, como se dijo, impera en la mayoría de los países.

Existieron en estos años anuncios acerca de que se impulsaría ante el Congreso nacional un proyecto de reforma electoral que propiciará la eliminación de la obligatoriedad de las elecciones primarias para definir candidatos, entre otras medidas que debieran volver a promoverse.

Debe insistirse, además, en el reclamo de que se desdoblen las elecciones municipales, separándolas de las nacionales y provinciales, habilitándose de esa manera la puesta en vigencia de un mecanismo que permitiría enriquecer el debate sobre las cuestiones locales y otorgarle mayores grados de compromiso a la participación ciudadana.

La ciudadanía argentina ha venido demostrando, cada vez más, un mayor deseo de interesarse en la cosa pública, de conocer mejor a los representantes que elige y de controlarlos a lo largo de su gestión. Se trata de avances republicanos que, por consiguiente, obligan a las instituciones y a los partidos políticos a colaborar con la concordia cívica, modernizando en primer lugar un trámite desactualizado, que no se encuentra a la altura de los reclamos de una población que aspira a consolidar un modo de vida basado en el respeto a la ley y a las opiniones del otro.