La instalación de cárceles en el Conurbano divide aguas a ambos lados de la “grieta”

A fines del año pasado, el gobernador, Axel Kicillof, anunció un ambicioso plan de infraestructura penitenciaria para todo el territorio bonaerense: a través de la ampliación de penales ya existentes, la construcción de otros 8 y la creación de 30 alcaidías en el Conurbano, se proponía sumar 20.000 nuevas plazas al sistema. Con un doble objetivo: atender la dramática superpoblación carcelaria y acercar a los reclusos con familiares que para visitarlos hoy tienen que peregrinar desde el Gran Buenos Aires hasta el interior. Una iniciativa que, con matices, la oposición en la Legislatura acompaña, pero que conforme avanza empieza a generar apoyos y recelos en algunas comunas.

Es lo que ocurre por caso en Berazategui, donde semanas atrás el oficialismo que responde al intendente del Frente de Todos, Juan José Mussi, aprobó en el Concejo Deliberante una ordenanza para ceder al ministerio de Justicia y Derechos Humanos -a cargo de Julio Alak- el uso “precario y gratuito” de un predio para la instalación de una Alcaidía Departamental con 300 plazas. El texto remitía a un convenio específico entre esa comuna y la Provincia, y, según denunció la oposición local, se votó en forma exprés.

“El expediente llegó al Concejo para tratarse sobre tablas, sin pasar antes por el análisis de ninguna comisión, ni realizar estudios previos de impacto socioambiental, ni audiencia o consulta popular. En definitiva, se avanzó sin tener en cuenta a los vecinos”, reprocha en diálogo con este diario la concejal de Juntos por el Cambio, Vanina Pasalaqua.

No es que la oposición de Berazategui rechace taxativamente la construcción de una alcaidía. Lo que inquieta es “que sea de espaldas a los vecinos y que la ubicación se decida en forma discrecional”, advierte Dante Morini, abogado y dirigente de Alternativa Republicana Nacional, el espacio que encabeza Miguel Ángel Pichetto.

Si el terreno en cuestión pertenece a la Provincia o a Berazategui es toda una incógnita. En la oposición descartan que sea privado, porque en ese caso debería expropiarse y pasar antes por la Legislatura, donde la Provincia ya tiene aval para avanzar sobre tierras de Quilmes, Merlo, Moreno, La Matanza y Tigre; en tanto que la semana pasada logró media sanción en Diputados para hacer lo propio en Lanús, Ezeiza, Tres de Febrero y Morón. “No conocemos la titularidad del inmueble en el que se hará la alcaidía de Berazategui”, admite Morini, pero sabe que daría a la Autopista Buenos Aires-La Plata y que estará en una zona “urbana” de la localidad de Plátanos. Por eso, dice, la medida ha redundado en movilizaciones populares que hasta hoy no amainan, para coronar en un masivo reclamo de periodistas luego de que, según denunciaron, el jefe comunal enviara cartas documentos -“bajo amenaza de querellas”- a colegas que informaron sobre el proyecto de marras. EL DIA quiso consultar a Mussi por estos hechos, sin obtener respuesta.

Obras

Entre otras obras, el plan de infraestructura penitenciaria prevé la construcción de 8 complejos penitenciarios en San Vicente, Cañuelas, Marcos Paz, General las Heras y General Rodríguez; y 30 alcaidías en los municipios con mayor cantidad de detenidos: Berazategui, La Matanza, Lomas de Zamora, Moreno, Quilmes, Almirante Brown, Merlo, Tigre, Lanús, San Isidro, Malvinas Argentinas, Morón, Avellaneda, José C. Paz, Tres de Febrero, Pilar, San Miguel, Escobar, Esteban Echeverría, Pte. Perón, San Fernando; Hurlingham, Ezeiza, General Rodríguez y Zárate. Se aspira así a sumar 20.000 nuevas plazas.

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Pero en varios de esos distritos el malestar vecinal crece en forma espontánea. Bien lo saben en Quilmes, gobernado por Mayra Mendoza (FdT), donde se planifican dos alcaidías sobre la Autopista Buenos Aires-La Plata, del lado de la zona ribereña y en tierras cuya expropiación ya cuenta con media sanción de la Cámara Baja provincial. Algo que el diputado radical por Quilmes, Fernando Pérez, tachó de “inexplicable” porque “no hubo audiencia pública y probablemente muchos vecinos se enteren de esto el día en que empiece la construcción”.

Sin desconocer las urgencias del hacinamiento carcelario, el legislador quilmeño insiste en la necesidad de “discutir más” el proyecto “porque, en general, este tipo de instalaciones provocan un impacto negativo en las zonas donde se emplazan”.

Rechazos y apoyos

Resulta curioso cómo la iniciativa bonaerense abre grietas, incluso, al interior del partido gobernante, mientras es acompañada por intendentes opositores.

“Yo no quiero cárceles en Cañuelas”, avisó tras conocer el proyecto la intendenta justicialista Marisa Fassi. Y su par peronista de San Vicente, Nicolás Mantegazza, se comprometió ante su comunidad a “hacer valer la negativa a cualquier proyecto de esas características”.

En cambio, en Tres de Febrero el alcalde de Juntos por el Cambio, Diego Valenzuela, observa como “pertinente” el proyecto de Kicillof: “Será bueno tener un mejor lugar para los detenidos, a través de una obra que generará trabajo local y que será prioritaria para los presos del distrito”, valoró en comunicación con EL DIA, para después aclarar que, a diferencia de Berazategui, el establecimiento carcelario se ubicará en una zona no residencial.

También en Lanús, gobernada por el macrista Néstor Grindetti, destacaron la importancia de “contar con infraestructura en Seguridad” y que la propuesta es emplazar la alcaidía en Villa Jardín, “un barrio humilde donde se reclama por mayor seguridad”. Advirtieron que el proyecto es a largo plazo y que “deberá ser refrendado por el Concejo, una vez que la Legislatura -que ya dio media sanción en Diputados- apruebe la expropiación de tierras”.

El objetivo es sumar 20.000 nuevas plazas para atender la superpoblación penitenciaria

El proyecto oficial genera malestar vecinal en algunas de las comunas involucradas