“Nadie tiene cama asegurada”, dicen en la Provincia y alertan por terapias de La Plata

“Ya nadie tiene asegurada una cama. Ni el que tenga la prepaga más cara del país”. Con esa dura advertencia y sin eufemismos, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, renovó ayer la preocupación oficial por el avance de la segunda ola de coronavirus en la Provincia y su impacto en la ocupación hospitalaria. Un cuadro que también enciende luces de alarma en La Plata.

La situación, insistían en el gobierno de Axel Kicillof, es “crítica”, con un sistema de salud “saturado” y “muy próximo al colapso”, según expuso ayer el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, quien defendió las restricciones vigentes porque “cualquier actividad que genere circulación aumenta el riesgo de contagio” y hoy “hay que disminuir la cantidad de casos de la forma que sea”.

Inquieta, sobre todo, lo que ocurre en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) -conglomerado que integran la capital federal, el Conurbano y el Gran La Plata-, donde, de acuerdo a la información oficial, la suba de los contagios llevó el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva al 75,61 por ciento, mientras que en el interior esa cifra es del 52,48 por ciento.

En el AMBA, La Plata y el Gran La Plata, “el aumento exponencial de casos de Covid-19 está teniendo un enorme impacto” en el sistema sanitario, admitió el director de Hospitales de la Provincia, Juan Riera, que se mostró preocupado no sólo por el aumento en la demanda de guardias, hisopados y consultorios, sino también por la ocupación de camas, “tanto en cuidados críticos como en cuidados intermedios que, dadas las características de la segunda ola,” son fuertemente requeridas. Una demanda que también empieza a incrementarse en el interior.

Según los registros provinciales, en La Plata, por caso, las unidades de terapia intensiva están con una ocupación cercana al 80 por ciento -superior al promedio provincial, que ronda el 67 por ciento-. En tanto que en las clínicas ya hablan de saturación: “Prácticamente no quedan camas”, reconocían en la Federación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales bonaerenses (Fecliba).

La incidencia de los contagios en la ocupación hospitalaria no solo es importante porque en ella se juegan la vida y la muerte, sino también porque de ese indicador dependerá la continuidad o no de las restricciones actuales más allá del 30 de abril -cuando vence el plazo estipulado por la Nación-. Así lo anticipó ayer Gollan: “Será clave ver lo que pasa en estos días. La realidad es que se vienen quemando las camas con una velocidad alucinante. La última semana hubo una aceleración muy grande”, dijo y que también es preocupante que se ha estirado el tiempo de internación: “En 2020 era de unos 14 días, había bajado a siete y ahora ronda los 20 días”.

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Además, con la segunda ola y la aparición de nuevas variantes, la peste parece ser más virulenta y más rápida que la capacidad de respuesta del sistema: “Hay una decena o más de hospitales que están al 100 por ciento de ocupación. Agregamos camas y camas y al día siguiente ya no hay. La velocidad es lo que asusta”, admitió el jefe de la sanidad provincial. Y remarcó que “las prepagas de la ciudad de Buenos Aires hoy se han quedado sin camas y están alquilando camas en sanatorios de la Provincia, con lo que se reduce el cupo en el sector privado bonaerense”.

En esa línea, la ministra de Gobierno provincial, Teresa García, aseguró que desde el sector privado “hubo un reconocimiento de que ya no queda una sola cama” y que así lo hicieron saber representantes de obras sociales y prepagas que el miércoles se reunieron con Kicillof.

Ese encuentro llegó después de que la Provincia oficializara la creación de un sistema de gestión de camas para integrar los datos de ocupación en los sistemas público y privado, pero que también ordena dar “absoluta prioridad” a la atención del coronavirus, indicando la suspensión y reprogramación de cirugías que no sean urgentes. Su incumplimiento, avisa la norma, hará pasible a los titulares de los centros de salud de multas o penas de hasta dos años, según lo establece el artículo 205 del Código Penal.

Como informó EL DIA, la medida generó cierto malestar entre los privados y renovó las suspicacias respecto de un avance estatal sobre el sector que se tradujo en un pedido de audiencia a Gollan. No obstante, en la Provincia negaron de plano cualquier intento de intervención y el propio ministro de Salud defendió que la flamante resolución “viene a formalizar algo que ya venimos haciendo desde el año pasado”.