Una inflación que viene de varias décadas junto a excesivos gastos estatales

La economía del país y el bolsillo de los argentinos siguen seriamente condicionados y por momento asfixiados desde hace setenta años por procesos inflacionarios recurrentes, que se han presentado en todas las administraciones más allá del signo político o de las distintas corrientes de economía política a las que pudieron haber suscripto.

A lo largo de una ya prolongada historia, la Argentina se vio caracterizada por numerosos episodios inflacionarios e hiperinflacionarios, convirtiéndose en un caso de estudio en todo el mundo por la frecuencia a intensidad de esos fenómenos, tal como lo señaló recientemente en un informe la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.

Durante los últimos 100 años, la tasa de inflación promedio fue de 105 por ciento anual, siendo el máximo histórico de 3.079 por ciento en 1989. Desde 1943 la inflación ha sido una constante de la historia argentina de las últimas décadas.

Salvo períodos excepcionales (el más prolongado fue el de la convertibilidad), la economía argentina registró un nivel inflacionario elevado. Añadió la cámara empresarial que “resulta significativo señalar que solo 5 de las 26 presidencias analizadas registraron variaciones de precios menores a los dos dígitos, mientras que en el extremo opuesto, seis presidentes tuvieron inflaciones anuales que alcanzaron los tres dígitos”.

Se conoce que para las actuales autoridades del área económica el fenómeno de la inflación es un problema multicausal, que tiene que ver con los distintos desequilibrios macroeconómicos, tal como describieron. Si bien la definición resulta correcta, está claro que el atolladero principal y nunca resuelto en las últimas décadas en nuestro país pasa por el enorme déficit del Estado.

Se ha dicho ya en esta columna en muchas ocasiones y también, desde décadas atrás, lo han señalado especialistas y organismos internacionales: el sector público argentino gasta muy por encima de sus posibilidades. El resultado es una condena al estancamiento generalizado y la reiterada necesidad de financiar el déficit con emisiones inflacionarias.

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El Estado ha sido y sigue siendo el único que crece sin parar en el país desde la pasada década del 40, creando múltiples organismos, multiplicando los planteles de personal, incurriendo en gastos descontrolados. En cambio, el sector privado, castigado por una sucesión imparable de tributaciones, se reduce hoy a unas 9 millones de personas que son las que mantienen a casi 40 millones de habitantes y a la cada vez más pesada estructura estatal.

Datos también recientes del ministerio de Economía nacional sobre el resultado fiscal de la Nación y las provincias pusieron de relieve que, entre 1961 y el 2002, en todos los años hubo déficit fiscal, acumulándose desequilibrios por el equivalente a 180 por ciento del PBI. Entre el 2003 y el 2008 estuvieron los únicos años de superávit fiscal totalizando en el acumulado el equivalente a 7 por ciento del PBI. Y desde enero de 2009 a la fecha volvieron a ser todos años de déficit fiscal acumulándose desequilibrios por otro 40 por ciento del PBI. Se habla, entonces, de 60 años acumulados de déficit fiscal.

En fecha reciente, un informe del Banco Mundial reveló que las Pymes argentinas que pagan todos sus impuestos trabajan a pérdida. Ocurre que si una empresa industrial del sector privado argentino cumpliera con todo lo que le pide el fisco, tendría que enfrentar el despropósito de una presión impositiva del 106 por ciento, es decir, trabajaría a pérdida.

La tarea principal -y por cierto que postergada- parecería pasar, entonces, por ordenar las cuentas y achicar el gigantesco déficit fiscal, entre otras distorsiones que debieran corregirse, como punto de partida para el despegue de una actividad económica productiva que está esperando mayores estímulos, una consolidada seguridad jurídica y más eficacia en el manejo de los recursos del Estado.