El plan del oficialismo para ampliar la exención del Impuesto a las Ganancias

Una de las noticias político-económicas de ayer fue la confirmación de que el presidente Alberto Fernández incluyó el proyecto para subir el piso del impuesto a las Ganancias en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso. Pero en rigor, eso no sucederá: en lo que queda de febrero, la Cámara de Diputados solamente tratará la iniciativa en “comisiones informativas”, ya que no podrá emitir dictámenes hasta que se abra el período ordinario, el 1 de marzo próximo.

Sin embargo, la coalición gubernamental parece dispuesta a ajustar el cronograma de modo tal que, desde abril, 1.267.000 trabajadores asalariados y jubilados dejen de pagar el impuesto a las Ganancias. Para conseguirlo, tendrá que emitir dictamen y aprobarla en el recinto de Diputados en la primera semana de marzo; hacer el mismo recorrido en el Senado en la segunda y tercera semanas y, finalmente, concretar la promulgación del Poder Ejecutivo hacia fin de mes.

De acuerdo a fuentes parlamentarias en contacto con EL DIA, la estrategia política del Frente de Todos pasará de ahora en más por conseguir el apoyo de la mayoría de los bloques de la Cámara baja, incluido Juntos por el Cambio, para garantizar la aprobación del proyecto que presentó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y que consiste en que los trabajadores en relación de dependencia no tributen Ganancias si ganan menos de $152.000 brutos al mes.

Para los jubilados y pensionados, en tanto, el nuevo mínimo no imponible se fijará en ocho haberes mínimos, que suman actualmente $152.280. “De aprobarse, empezamos a reparar el poder adquisitivo de un sector al que (el ex presidente Mauricio) Macri le mintió y luego destruyó: la clase media”, disparó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en tono de reproche al gobierno anterior, en declaraciones que también denotaron el objetivo electoral del Frente de Todos.

Se incorporará como beneficiarios a 500 mil autónomos y 3,6 millones de monotributistas

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A su vez, Massa dio ayer una pista de la estrategia que seguirá el oficialismo para atender las demandas de la oposición y de los gremios. “Tenemos que resolver de la mejor manera esta medida, para después abordar las demás situaciones que esperan otros sectores respecto de un sistema tributario más justo”, remarcó el titular de la Cámara baja, empeñado en sostener una “agenda económica positiva” ante los problemas que ocasiona el aumento de la inflación.

Aunque todavía no lo confirmaron oficialmente, este diario pudo saber que el presidente Alberto Fernández y sus referentes legislativos están diseñando un segundo proyecto de ley para incorporar a los exentos del pago de Ganancias a 3,6 millones de monotributistas y 500.000 trabajadores autónomos, justamente uno de los reclamos de la oposición en el Congreso. “Va a ser otra ley, pero la vamos a tratar con la misma celeridad”, deslizaron las fuentes consultadas.

De ese modo, más de cinco millones de personas –entre empleados en relación de dependencia, monotributistas, autónomos y jubilados- contarán con un dinero extra que hasta ahora se les descuenta en concepto de Ganancias, con el objetivo de que mejoren su capacidad adquisitiva y dinamicen el alicaído mercado interno. El Ministerio de Economía y la AFIP deben aun dar su dictamen técnico sobre las medidas: esto es, calcular la merma en los ingresos del Estado.

En este contexto, las demandas de los sindicatos estarían flojas de papeles, dado que la ley 27.346 vigente sobre Ganancias, que data de 2016, contempla en el artículo 26 inciso D, las deducciones sobre las horas extras y los viáticos, entre otros ítems salariales sobre los que no se calcula el tributo. De todos modos, el próximo lunes habrá una reunión entre Massa y los diputados de extracción sindical para avanzar en una iniciativa que amplíe las exenciones en esos casos.

Mientras que legisladores de origen patagónico enrolados en JxC alertaron sobre una posible eliminación del plus que reciben trabajadores y jubilados de sus provincias por ser consideradas “zonas desfavorables”. Los radicales Gustavo Menna (Chubut), Martín Berhongaray (La Pampa), Roxana Reyes (Santa Cruz) y Lorena Matzen (Río Negro) advirtieron sobre la “letra chica” del proyecto oficialista, aunque desde el FdT afirmaron que no habrá perjuicios para los patagónicos.