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Según las distribuidoras, los cortes se deben a la ola de calor y a la alta demanda de energía. Confirman subas del 20% en las tarifas
“Diez horas treinta sin luz. Gracias por arruinar toda la comida para fin de año, por poner en riesgo la salud de mi madre de 86 años y por no solucionar el problema”. Mensajes como este llovieron ayer en las redes sociales de vecinos del Conurbano y la ciudad de Buenos Aires y son el testimonio fiel de la bronca de los miles de usuarios que en el último día hábil de 2022 penaban por la falta del suministro.
Lo que motivó la advertencia del Gobierno sobre sanciones por “negligencia” a las distribuidoras eléctricas, cuyas tarifas aumentarán un 20 por ciento entre enero y febrero, según confirmó ayer mismo el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
El drama es el de cada verano. En una jornada de calor sofocante, con picos de 36 grados de temperatura y alta demanda en el consumo de energía, los cortes de luz proliferaron afectando principalmente a los usuarios de las empresas Edenor y Edesur. En la tarde de ayer, según datos oficiales, la suspensión del suministro alcanzaba a casi 65 mil clientes. Mientras que la madrugada anterior, según reportó el diario Clarín, eran unas 200 mil las personas sin luz.
Frente a la ola de reclamos, desde Edenor (con 1.428 afectados, según datos del ENRE difundidos por la tarde) hablaron de “inconvenientes puntuales en algún cable o transformador” o que se debieron “a las temperaturas superiores a 35 grados” durante tres días consecutivos lo que provoca “una alta demanda por parte de los clientes”.
También un vocero de Edesur (con casi 65.000 usuarios sin energía hasta ayer) indicó que los cortes “tienen que ver con el pico de demanda. Se batió récord” y que el miércoles, con 27.019 MW, se batió el “récord de demanda histórica nacional.
No obstante, desde el ENRE advirtieron que siguen de cerca el comportamiento de las empresas de distribución eléctrica y que si observan “negligencias o faltas de respuestas se evaluará la aplicación de las sanciones correspondiente”. El organismo nacional aclaró también que si un usuario sufre un corte de suministro prolongado o varios cortes reiterados en un mismo mes debe reclamar para que las distribuidoras le hagan un reintegro por la energía no suministrada.
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Pero ni ese comunicado ni las respuestas de las empresas alcanzaban para apagar reclamos como el de Victoria Llanos, del barrio porteño Villa Mitre y que ayer llevaba más de 24 horas sin luz. O el de Graciela Reina, de Lanús y con más de 16 horas sin servicio, según protestaron ambas en sus cuentas de la red social Twitter.
El malestar se replicaba en otros municipios bonaerenses del Conurbano como Vicente López, Lomas de Zamora, La Matanza, Tres de Febrero y Avellaneda. Y dentro del territorio porteño, en barrios como Villa Devoto, Montserrat, Villa del Parque, Caballito, Villa Crespo, Mataderos y Liniers.
Twitter, vehículo de las quejas de los usuarios, fue también una de las vías que encontró el Gobierno para ratificar aumentos del 20 por ciento en las tarifas de luz y gas, a aplicar en enero o febrero del año próximo.
El encargado de hacer los anuncios fue el secretario de Energía, Darío Martínez: “Junto al Ministro de Economía, Martín Guzmán, y los equipos de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, la Subsecretaría de Hidrocarburos, el ENRE y el ENARGAS, analizamos la corrección tarifaria para el periodo 2022”, introdujo, para después confirmar que “la corrección tarifaria será del 20 por ciento en las facturas de energía eléctrica y gas para la generalidad de los usuarios”.
El funcionario prometió que “los incrementos de ingresos de todos los argentinos y argentinas siempre superarán los aumentos de las tarifas en función de la recuperación del salario real como lo dispuso Alberto Fernández y Cristina Kirchner”.
También agregó que “la herramienta de segmentación de subsidios, que tiene como objetivo un uso más inteligente, eficiente y equitativo de los mismos, se aplicará a partir del año próximo”.
Martínez no precisó cómo se aplicará esa segmentación, que en capital federal afectaría a quienes vivan en propiedades cuyo metro cuadrado supere los 3.700 dólares, mientras que en la Provincia se tomaría como referencia el valor de la tierra.
Además, perderán los subsidios los usuarios de barrios cerrados, la actividad financiera, el transporte ferroviario, el juego (bingos y casinos) y las oficinas públicas.
Desde el ENRE advirtieron que siguen de cerca el comportamiento de las empresas
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