El Gobierno porteño volvió a rechazar el diálogo por la transferencia de fondos

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires volvió a rechazar la convocatoria de la Casa Rosada para tratar la transferencia de fondos en materia de seguridad y su financiamiento, mientras desde Ejecutivo nacional ratificaron la vigencia del plazo de 60 días que establece la ley para acordar el monto.

Por la mañana, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, ratificó que la administración conducida por Horacio Rodríguez Larreta no iba a asistir a la reunión que había sido convocada para ayer a la tarde por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y por su par de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, postura que ya había sido formalizada a través de una nota oficial dirigida a los funcionarios nacionales.

“Nosotros por este tema hicimos un pedido de inconstitucionalidad a la Corte Suprema y tenemos que ser coherentes. No podemos sentarnos a discutir donde el resultado ya está puesto, porque la ley ya está sancionada. Es como ir a ver un partido de fútbol que ya terminó”, indicó Santilli, al hablar por A24.

La convocatoria del Gobierno nacional era para analizar la transferencia del servicio de seguridad y su financiamiento de acuerdo con la ley aprobada por el Congreso recientemente, norma que establecía un margen de 60 días para entablar una mesa de negociación.

Desde el Gobierno nacional, afirmaron a Télam que “no habrá nuevas convocatorias oficiales” tras el rechazo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ratificaron el plazo de 60 días que establece la ley para acordar el monto y la actualización de los recursos que recibirá CABA por el traspaso de la Policía Federal.

“Si no quieren dialogar, quedará la ley tal como está, sin modificaciones”, enfatizaron desde Casa Rosada, en sintonía con lo que precisa la norma.

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Desde el bloque porteño del Frente de Todos señalaron que la ley “establece los fondos que corresponden, ni más ni menos”, expresó la legisladora Mara Brawer, quien además aseguró que la administración de Rodríguez Larreta “no solo quiere sostener el privilegio que les dio (Mauricio) Macri de mandarles más del doble de lo que corresponde, sino que buscan victimizarse”.

“Toda esa estrategia se cae cuando hay una ley, hay una mesa de negociación e, incluso, la misma ley dispone que si no hay un acuerdo, existe un organismo (la Comisión Federal de Impuestos) que es la que debe arbitrar y determinar el monto final a transferir”, explicó Brawer.

Tras haber firmado un decreto que redujo la coparticipación que recibía la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno nacional llevó el tema al Parlamento para convertir en ley la nueva asignación de partidas y dejar atrás la distribución de recursos decretada durante el mandato del expresidente Mauricio Macri.

El decreto 194 de enero de 2016 dispuso modificar el índice de coparticipación de la Ciudad, que desde 2003 estaba fijado (decreto 705 de ese año) en 1,4%.

La nueva distribución dispuesta por Macri y su ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, fue elevar el índice a 3,75%, es decir más de dos puntos, y retroactivo al primero de enero de ese año.

Tras la sanción de la nueva ley, el 10 de diciembre pasado, el Gobierno porteño realizó una nueva presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para pedir que declare la “inconstitucionalidad” de la norma sancionada en el Congreso que reasigna partidas presupuestarias en materia de seguridad para la Ciudad de Buenos Aires.

Ahora, y tras ser reglamentada la norma, las autoridades porteñas habían sido convocadas a una reunión preliminar en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior, en Casa de Gobierno, para la víspera.

En dicha invitación, los funcionarios nacionales destacaban que la norma había sido sancionada luego de una “amplia deliberación” y que no había “mayor estándar de legalidad e institucionalidad” que una convocatoria respaldada por una ley sancionada por el Congreso.

“En este tema, la Ciudad viene perdiendo 150 millones de pesos diarios desde que se sancionó el decreto y este año perderá 65 mil millones de pesos”, argumentó Santilli.