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Tras la conformación del Consejo de Víctimas de la Provincia de Buenos Aires, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, su titular Roberto Almeida dialogó con EL DIA y señaló que la iniciativa “es algo muy grande y estamos abiertos a recibir a todos los familiares de víctimas para consensuar políticas en esta línea”.
Como se informó, el organismo está integrado -además de Almeida- por María Ester Radiminsky, Emmanuel Terrón y Leónidas Mateu. “Desde 2014 existe el Consejo Asesor de Víctimas bonaerense y en funciones desde 2013, pero no estaba institucionalizado”, explicó Almeida. En ese lapso, añadió, “desarrollamos un proyecto de Ley para las víctimas que pasó por todos los bloques y en el que participó mucha gente”.
“En el 2016, después de las elecciones, -prosiguió- el Consejo estuvo trabajando los primeros siete meses hasta que asumió la gestión anterior. Entonces se disolvió”. En cambio, indicó Almeida, “comenzaron a realizarse mesas de diálogo que se hacían una vez por mes, en las cuales no se resuelven nada, no son efectivas para realizar políticas públicas”.
Por otro lado, el presidente del flamante Consejo de Víctimas se refirió a la polémica “liberación” de presos que tuvo lugar durante el inicio de este año. En esa línea, sostuvo que “a principios de marzo nos reunimos con María Ester Radiminsky y funcionarios del ministerio de Justicia y le presentamos el proyecto del Consejo y todo el informe que habíamos preparado en 2016 con un registro de todo lo que habíamos hecho y con propuestas nuevas. En ese momento se estaban conformando las mesas de diálogo por los problemas de la población carcelaria, a las cuales invitaban a las víctimas pero éstas preferían no ir”. Luego agregó que “nosotros les preguntamos (a los funcionarios) qué postura tenían con el tema de las domiciliarias y la respuesta fue que no estaban de acuerdo en los casos de delitos graves”.
Respecto a las tareas que llevarán a cabo, Almeida detalló: “Queremos reflotar el patrocinio gratuito para la víctima, que ya está en la Ley pero no se cumple. Vamos a tener una reunión con la cúpula mayor del Colegio de Magistrados y su presidente por este tema. Queremos aunar esfuerzos y ser más heterogéneos, todos los familiares tienen el derecho de venir a presentar cualquier idea que tengan. El Consejo va a hacer propuestas de leyes, modificaciones, generar políticas públicas, insertar los hijos de familiares de víctimas que quedaron desprotegidos (acceso a becas, por ejemplo).”
Por otra parte, remarcó que “pedimos 90 días para tratar la Ley de Víctimas, hay mucho trabajo previo, realizado entre 2013 y 2016”. Y finalizó: “Tenemos territorio, conocemos a la gente y los lugares”.
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