Tras la denuncia en la Justicia, se potencia el cruce entre IOMA y los médicos de la Región

El conflicto entre el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) y la Agremiación Médica Platense (AMP) se potencia con el correr de las horas. Al menos en el terreno verbal suben la apuesta y en los hechos se canceló dos veces una instancia de negociación que tenía que llevarse a cabo esta semana. Desde la obra social aguardan que avance la causa judicial iniciada por presunta defraudación de fondos con facturaciones por prácticas que no habrían sido realizadas por parte de 12 profesionales, y desde la Agremiación refuerzan la idea que la denuncia del Instituto es “una clara maniobra extorsiva”.

En la AMP, su abogado Carlos Figueroa dijo que se “esperaba una respuesta a una propuesta realizada a las autoridades de IOMA y en plena negociación tiraron doce denuncias infundadas, lo que resultó muy sorpresivo”.

Mariano Cardelli, jefe de gabinete de la obra social bonaerense, aseguró que “al reforzar los controles se encontró un patrón de comportamiento que facturaba al IOMA prácticas que no tenían sustento documental y los afiliados dijeron que no habían sido atendidos”.

LA DENUNCIA

La denuncia, tal como publicó este diario, es por una presunta “defraudación” por un monto cercano a los 8 millones de pesos en la facturación de marzo último. Según distintas fuentes consultadas por este diario, la obra social pagó esa facturación, restándole el monto cuestionado.

El funcionario de la obra social expresó que “el convenio entre las partes sigue en pie, siempre y cuando se cumpla con lo pautado en ese vínculo”. Sin embargo, Cardelli no precisó cuándo podría retomarse la negociación que iba a continuar esta semana por cuestiones vinculadas a honorarios y condiciones contractuales.

“BUSCA EXTORSIONAR”

Por su parte, el abogado de la AMP sostuvo que “la Agremiación no tiene que hacer auditorías. Lo debe hacer IOMA, que es el que paga. Si hay responsabilidades a investigar de actitudes profesionales puntuales, que lo haga el Instituto o la Justicia y se los sancione en caso de encontrar los elementos suficientes. En estas denuncias que hizo IOMA se omitió la instancia administrativa que impone la cláusula 20 del convenio, que plantea recurrir a la Unidad de Resolución de Conflictos. También está la cláusula 13, que marca que ante dos o más denuncias, IOMA debe notificar a la AMP, observar la situación y en caso de comprobar la transgresión aplicar la sanción correspondiente”.

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“Cómo está planteada la situación, IOMA busca extorsionar y amedrentar a los médicos. En lugar de cuidar a los médicos en plena pandemia, pagar honorarios dignos y proveerlos de los insumos necesarios, desde la obra social se los persigue violentamente, buscan pamizar el IOMA, cambiar el sistema prestacional, comprar clínicas y cometen terrorismo sanitario”, agregó Figueroa.

En una solicitada que se publica en la edición de hoy de este diario, distintas instituciones médicas, asociaciones profesionales y sociedades científicas se “solidarizaron” con la AMP “en el rechazo rotundo a toda persecución y extorsión por parte de IOMA y del Gobierno”. Los profesionales agregaron: “afirmamos nuestra defensa irrestricta de un sistema de salud solidario, con libre elección y de calidad para los pacientes”.

“DEBEN CONTROLAR LO QUE FACTURAN”

El jefe de gabinete de IOMA, dijo a este diario que “no se persigue a nadie. La AMP tiene la obligación de controlar lo que va a presentar, porque es a esa institución que se le paga. Ante un presunto delito penal no es necesario avisar o cumplir con un paso administrativo. Se denuncia ante la Justicia. Al procedimiento administrativo se apela en casos de cobro de un plus, cuando el médico además del copago que debe abonar el afiliado le exige una suma extra”.

Cardelli puntualizó que “IOMA no se quiere quedar con las clínicas. Lo que necesitamos es que las camas estén abiertas. En este contexto de pandemia no vamos a discutir si IOMA puede tener o no un efector propio, como lo tienen otras obras sociales”. Y sobre la “pamización”, Cardelli indicó que “PAMI no es una mala palabra” y subrayó que “el 80 por ciento de las prestaciones están capitadas en la Provincia. Es un sistema que no implica terminar con la libre elección del profesional”.

En relación a los profesionales denunciados, el funcionario indicó que “hay clínicos y especialistas. En este segundo caso, cuentan con la posibilidad de atender la consulta y hacer la práctica porque tienen la aparatología necesaria”.