Cristina pide que la Corte se expida sobre la validez de sesiones por teleconferencia

Cristina Kirchner, en su papel de titular del Senado de la Nación, presentó ayer una acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema de Justicia para conocer la validez constitucional de organizar sesiones parlamentarias a través de medios electrónicos.

La “certeza de constitucionalidad” serviría para resolver si el Congreso puede sesionar por videoconferencia, a raíz del aislamiento social por el coronavirus. El trámite busca conocer la validez de una sesión on line en aquellas materias que no pueden ser reguladas por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por el Poder Ejecutivo, como cuestiones impositivas, penales o electorales y entre otras cosas, sería de vital importancia si, como se especula, los legisladores del oficialismo intentan avanzar con un proyecto de ley que grave con un impuesto extraordinario y por única vez, a las fortunas que superen el millón de dólares.

Los reglamentos de ambas cámaras prohíben las sesiones no presenciales

Los reglamentos de ambas Cámaras legislativas prohíben las sesiones no presenciales en el recinto parlamentario, por lo que cualquier votación mediante la utilización de medios virtuales correría el riesgo de ser declarada nula. Además, una reforma reglamentaria debería ser votada de manera presencial por los dos tercios de los presentes en el recinto, algo que en la actual situación de distanciamiento social preventivo parece difícil. El requerimiento elevado hoy ante el máximo tribunal también pretende que la Corte se expida sobre la cuestión con la mayor celeridad posible.

En su presentación, Cristina menciona “la acuciante necesidad de legislar en materia tributaria por las consecuencias económicas” que la pandemia tiene sobre el mundo en general y sobre la Argentina en particular, y asegura: “la situación de crisis económica y social que se desató hace un par de años en nuestro país no ha parado de profundizarse y la pandemia la agravará a límites aún desconocidos”.

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Por último, la presentación de la vicepresidenta apunta que “las actuales circunstancias requieren que el Congreso de la Nación ejerza, ineludiblemente, sus facultades exclusivas”.

En Diputados, en tanto, crece el consenso entre los legisladores del oficialismo para avanzar sobre un polémico proyecto que prevé gravar a las grandes fortunas con un impuesto extraordinario, para la creación de un fondo especial para la lucha contra el coronavirus.

La movida de Cristina, en principio, podría tener dos lecturas. La primera es la de haber tomado nota de los crecientes reclamos por la paralización del Poder Legislativos ante la profusión de Decretos de Necesidad y Urgencia emitidos desde la Casa Rosado. Y, en segundo termino, estaría relacionada con ese proyecto y apuntaría a tener la certeza que, de ser aprobado a través de una sesión por teleconferencia, luego no sea declarado inconstitucional.

Sea como fuere, lo cierto es que hasta el momento todo lo que se habla sobre el impuesto a la riqueza, forma parte de la pirotecnia legislativa ya que si bien en la Cámara Baja varios legisladores del oficialismo se manifestaron a favor de la creación de ese gravamen “por única vez y como tributo extraordinario”. Lo cierto es que el proyecto aun no fue presentado y en caso de que así se hiciera antes del fin de semana, su tratamiento no sería inmediato.

En ese estado de cosas, el senador rionegrino Alberto Weretilneck, por ejemplo, dijo ayer que el impuesto debería ser creado, “por única vez, con un destino específico y coparticipable”.

Voces de reproche, en tanto, se levantan desde la oposición. La diputada correntina Sofía Brambilla, del PRO, sostuvo que “en todo el mundo se tiende a disminuir impuestos para reactivar la economía, no a crearlos” y el diputado nacional pampeano Martín Maquieyra, de la misma fuerza política, afirmó que “en lo filosófico” está totalmente de acuerdo, “pero se tendría que ver bien el detalle del proyecto”.

Por su parte, el senador nacional Víctor Zimmermann, de la UCR chaqueña, consideró que “la Argentina ya tiene una presión tributaria muy alta, aunque esta es una situación excepcional”, así como el diputado correntino Jorge Vara (UCR).

El Frente de Todos ratificó que la iniciativa se presentará el fin de semana en la Cámara de Diputados y que “no afectará” a la clase media, ni a la pymes, ni al sector productivo.

En esa idea trabaja el diputado nacional por Entre Ríos Marcelo Casaretto, que afirmó que está “de acuerdo con la creación de un impuesto extraordinario” para patrimonios de más de un millón de dólares.

El diputado nacional por San Luis Karim Alume dijo que “es una idea correcta no solo porque tiene que ver con el principio máximo de la política tributaria de cualquier país, que es la equidad, sino porque ante la crisis que afronta el país resulta ajustado a la razonabilidad que debe tener cualquier tributo”.