Preocupación empresaria por manteros y la ilegalidad

El titular de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), Guillermo Siro, realizó un fuerte pronunciamiento contra “la venta callejera ilegal” con acento en la Costa Atlántica y La Plata, como también ocurre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en otras provincias y ciudades de la Argentina.

El empresario del rubro marroquinería sostuvo que “nos preocupa mucho lo que está pasando en la Costa Atlántica, en las principales ciudades turísticas balnearias de la Provincia donde se instalan manteros provenientes de otros lugares del país y le compiten deslealmente a los comerciantes que aguantaron un año catastrófico de encierro y sin ventas y ahora tienen esa competencia desleal y con el peligro de actitudes violentas y cuasi mafiosas de apriete hacia quienes están debidamente habilitados y cumplen con los requisitos municipales y los impuestos provinciales y nacionales, esperamos que las autoridades de los municipios de la costa, como los correspondientes organismos provinciales y nacionales de seguridad, control e inspección estén del lado del comerciante de proximidad bonaerense, frente a la ilegalidad”, dijo.

ILEGALIDAD ALARMANTE

Siro, vecino y empresario en la ciudad de La Plata sobre lo que pasa con los manteros en la Ciudad Capital de la provincia de Buenos Aires puntualizó: “La ciudad de La Plata no escapa a las reglas generales del avance de esta ilegalidad alarmante y desde CEPBA acompañamos a las cámaras regionales y sectoriales que defienden al pequeño y mediano comerciante que hace un gran esfuerzo para poder abrir sus puertas y más luego de la larga cuarentena producto de la pandemia y ahora se ve avasallado por manteros que se instalan en los principales centros comerciales de la ciudad con verdaderos polirrubros y si bien celebramos los operativos de la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano de la Municipalidad de La Plata, deberían ser más contundentes y nos preocupa en general el silencio de la dirigencia política local dejando solo al comerciante que genera puestos de trabajo y rinde tributos a los estados nacional, provincial y municipal”.

“Nos parece bien que organismos provinciales, la Universidad de La Plata y la Municipalidad de La Plata actúen conjuntamente para avanzar en la inclusión de los migrantes senegaleses como ciudadanos argentinos, si reúnen las condiciones para serlo.

La Argentina es larga y ancha y si realmente quieren construir su futuro en nuestra nación serán bien recibido y con los saberes adecuados tendrán un trabajo digno; pero lo que no puede ser es violando normas impositivas, de habilitación y salubridad se los proteja como vendedores ambulantes ilegales”, indicó Guillermo Siro y remarcó: “Incluirlos como ciudadanos, si; pero en nombre de vaya a saber que ideología o la lastima misma, dejarlos vender ilegalmente desde ya decimos, ¡no!”.

“Y esperamos que se avance prontamente en la investigación judicial y policial quienes son los que le proveen esas mercaderías, todas ilegales y de origen importado la gran mayoría y se descubra de donde proviene esa cadena de comercio ilegal que mueve cifras, que me atrevería a decir, millonarias”, apuntó Siro.

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“Parece una paradoja muy cruel ver como los comerciantes que pelean para sobrevivir cumpliendo, aun con dificultades, con sus obligaciones, reciban además agresiones de quienes ni siquiera respetan los protocolos sanitarios que evitarían una mayor circulación virus causante del COVID, desperdiciando todo un sacrificio realizado por la mayoría de los argentinos”, completó.

Y apuntó: “Es realmente preocupante que el Estado, que tiene el monopolio para garantizar el orden en la vía pública, sea un espectador privilegiado y pasivo, cuando debería estar a favor de quienes pagan impuestos, crean y mantienen puestos de trabajo formales”. Preocupación por la situación en la Costa Atlántica y La Plata.

Siro “lamentó” profundamente “que se desarrollen ataques de parte de manteros que ocupan ilegalmente la vía pública y venden mercancía de dudosa procedencia, la mayoría de las ocasiones sustraída o producto de diversos actos de piratería, a comerciantes con negocios habilitados y constituidos legalmente; como hemos visto en Ciudad Autónoma de Buenos Aires; pero también en provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Tucumán y Tierra del Fuego, donde la informalidad le gana a la legalidad, fundamentalmente donde hay mayor concentración de habitantes como también son las grandes ciudades bonaerenses y las capitales de provincias”.

“Esto trae serias consecuencias a la salud económica y real del país, las provincias y los municipios” aseveró Siro y señaló: “Parece mentira que al comercio, que proviene de una instancia de terapia intensiva tras la peor de la pandemia, tenga que sufrir la propia ocupación de su espacio y deba sufrir condicionamientos de parte de la ilegalidad de quienes ocupan veredas, no pagan impuestos ni servicios y practican competencia totalmente desleal y trabaja para organizaciones clandestinas que hacen pingues negocios”.

“Es realmente preocupante que el Estado, que tiene el monopolio para garantizar el orden en la vía pública, sea un espectador privilegiado y pasivo, cuando debería estar a favor de quienes pagan impuestos, crean y mantienen puestos de trabajo formales y por sobre todas las cosas, contribuyen a generar riqueza al país”, señaló sobre la cuestión.

Seguidamente, el dirigente empresarial bonaerense expresó: “Es el estado nacional, provincial y municipal el que debe garantizar la formalidad y la legalidad, porque es un buen negocio para todos”.

Asimismo, sostuvo: “No es sino del comercio y de la industria desde donde salieron los impuestos para pagar instrumentos de contención tan importantes como el IFE y los programas ATP, con los cuales el gobierno orgullosamente se destacó en estos últimos meses, pero desde el gobierno deben saber que este sopapo que da la clandestinidad va a achicar la gallina de los huevos de oro, esto es el sector que realmente contribuye con el fisco”.

Además, Siro manifestó: “No es posible seguir viendo este enfrentamiento entre comerciantes y puesteros ilegales, aclarando que no es función del comerciante defender por su cuenta el desarrollo de una actividad formal y legal, porque eso es función del Estado”.