Toda protesta es lícita mientras no vulnere un derecho de los demás

Hace pocos días vecinos radicados en cercanías de la bajada platense de la Autopista La Plata-Buenos Aires cortaron esa vía caminera en protesta por no contar con luz en el barrio en el que viven. En realidad ese tramo se ha convertido en escenario propicio para realizar protestas por distintos motivos, sean de seguridad, laborales, salariales y por muchos otros tipos de demandas que no es del caso ponderar acá.

De modo que no que no resulta extraño para cualquier automovilista que elija trasladarse por la Autopista –se habla aquí también de pasajeros de ómnibus y de los conductores de transportes de carga- que vean impedido su paso y por varias horas. Reclamos disímiles de diversos grupos obligan a perder valioso tiempo o, a los que pueden zafar del atolladero, buscar caminos alternativos.

Ahora, a raíz de que también en un barrio de la periferia los vecinos cortaron anteayer una calle como modo de protesta por un prolongado corte de luz en ese barrio, daría la impresión de que esta modalidad amenazara con replicarse, de modo que la interrupción de algún servicio –sea de agua, luz o gas- podría ir derivando en sucesivos cortes de calles en aquellas zonas en donde se registra la falla.

Se ha dicho repetidamente en esta columna que es lícito el derecho de protesta y el de peticionar a las autoridades, en la medida en que no se ejerza impidiendo el derecho de las demás personas a transitar libremente por la vía pública.

Las demoras que se le imponen a miles de personas, los perjuicios concretos que ni siquiera pueden dimensionarse –cabe imaginar tan sólo lo que puede ocurrir con una ambulancia atascada en kilómetros de vehículos detenidos en un vía de circuito cerrado, como lo es una Autopista, cuando transporta a un enfermo necesitado de urgente atención médica- los incidentes que suelen desatarse a partir de los piquetes, todo ello resulta un ataque gratuito e injusto para la convivencia social.

Se ha dicho con razón que con cerrar tan sólo uno de los carriles de cada mano, en el caso de una autopista, o media calle en un diagrama urbano, alcanza perfectamente para plasmar el reclamo y visibilizar una movilización, respetándose, al mismo tiempo, los derechos de los demás habitantes.

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A lo largo de las últimas décadas se ha señalado reiteradamente en esta columna que son cada vez más los sectores que de continuo apelan a la práctica de cortar calles, invocando distintas reivindicaciones. La modalidad se había extendido en los anteriores ciclos lectivos a grupos de alumnos –es decir, de apenas adolescentes- que cortaron calles para plantear alguna disconformidad de naturaleza escolar.

En cada una de esas ocasiones, se ha enfatizado acerca de la necesidad de que las autoridades adopten medidas que apunten a evitar la repetición casi cotidiana de una metodología de expresión, que se traduce en graves e injustos perjuicios para la población en general. También se ha insistido en que no se trata de cuestionar un derecho tan básico como es el de peticionar, imprescindible para garantizar la existencia de un sistema democrático. Pero, se ha dicho también siempre, ese derecho debe ser ejercido, como es natural, en el marco de las reglas de convivencia.

Así como está contemplado en la Constitución el derecho de peticionar ante las autoridades, también se encuentra establecido el mandato de hacer respetar la libre circulación y el debido uso de los espacios públicos. Los funcionarios municipales, provinciales y nacionales -entre ellos los jueces y fiscales- están, por consiguiente, obligados a evitar que, la repetición casi cotidiana de una metodología de expresión, se traduzca en injustas restricciones y perjuicios a la población en general.