Otra mala para los jubilados: les descontarán el aumento del 5% que cobrarán en diciembre

El proyecto de ley que modifica la movilidad jubilatoria que el gobierno nacional acaba de enviar al Congreso incluye una muy mala noticia para la clase pasiva. Es que el aumento del 5 por ciento anunciado por la Anses en diciembre será descontado en marzo cuando se pague el primer incremento correspondiente a 2021.

Así, ese porcentaje será tomado como un pago a cuenta del aumento futuro. Esta decisión involucra solamente a los jubilados nacionales, ya que los bonaerenses se rigen por el sistema del Instituto de Previsión Social.

Según trascendió ayer, el gobierno de Alberto Fernández considera que como el aumento de marzo corresponde al segundo semestre de 2020 y en diciembre los jubilados ya recibieron un aumento trimestral, es correcto efectuar el descuento.

Esta decisión ya levantó una fuerte polémica. “Es literalmente, una estafa a los jubilados”, disparó la abogada previsionalista Andrea Falcone. Para la especialista, al revés de lo que estableció la Casa Rosada, el aumento de diciembre corresponde al segundo trimestre de este año, por lo que el de marzo, cuando comience el nuevo sistema, no debería tener ninguna descuento.

“Si se toma el aumento de diciembre como un pago a cuenta, el gobierno les está quitando un trimestre a los jubilados”, señaló Falcone.

El proyecto de ley que modifica el índice de movilidad jubilatoria, enviado por el Poder Ejecutivo al Senado, comenzará a ser debatido en los próximos días en comisiones y llegaría al recinto virtual de la Cámara alta en la segunda semana de diciembre, para lograr su sanción antes de fin de año, estimaron fuentes parlamentarias.

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El proyecto que modifica el índice de movilidad jubilatoria, elaborado en base al trabajo de una comisión mixta, comenzará a utilizarse desde 2021, cuando venza el actual período de emergencia en la materia.

La iniciativa, cuyo contenido fue anticipado hace 20 días por el Gobierno, contempla un aumento semestral mediante una fórmula que combina los índices de evolución de los salarios (50%) y de la recaudación (50%), vigente en el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015). Sin embargo, la iniciativa fue cambiada y se incluyó un artículo polémico que toma como pago a cuenta el aumento del 5 por ciento que regirá en diciembre.

“El objetivo es sancionar esta ley antes de fin de año para que se otorgue el primer aumento por esta fórmula en marzo de 2021, en base a la evolución de los salarios y la recaudación”, señaló el presidente de la comisión mixta de Movilidad Previsional, Marcelo Casaretto (Frente de Todos).

En el mensaje del Poder Ejecutivo al Congreso que acompaña el proyecto, se señala que “a fin de hacer más justo, equitativo y sostenible el sistema, se propone modificar la periodicidad de la aplicación del índice de actualización de las remuneraciones, insumo necesario para el cálculo del haber inicial de los jubilados y pensionados”.

“Debe tenerse en cuenta, que la fórmula de movilidad debe ser leída como parte del programa macroeconómico para la reconstrucción argentina y no como una medida aislada de su contexto social, económico y político y que se expresa en un proceso que tiene como norte no dejar atrás a los sectores más vulnerables de la población y que precisamente por ello, requiere de una alta dosis de responsabilidad para no volver a caer en profundas decepciones”, remarca.

El mensaje está firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Economía, Martín Guzmán y el de Trabajo, Claudio Moroni.

“A la luz de esos valiosos aportes, creemos haber alcanzado una síntesis precisa que permite definir una nueva fórmula que, por un lado, recupera lo mejor de las experiencias ya transitadas y, por el otro, incluye las nuevas condiciones que nos impone la presente coyuntura”, sostiene el texto.

Se detalla asimismo que se busca “retomar el criterio que pondera en un 50% salarios y en un 50% la recaudación tributaria de Anses, con el objetivo de recuperar el equilibrio del sistema en función de sus fuentes de financiamiento”. Una de las críticas al sistema es que no tiene en cuenta la inflación para el cálculo del haber.

“La consideración de la Ripte como único índice salarial y la consideración de valores homogéneos de las variables involucradas en la fórmula para calcularlas entre dos períodos, de manera tal de evitar que los resultados sean sensibles a decisiones de política tributaria o políticas de la seguridad social, así se minimizan efectos no deseados sobre la movilidad derivados de cambios en la política tributaria, en la distribución federal de recursos o en las condiciones de acceso a los beneficios”, según destaca el texto.