De qué hablamos cuando hablamos de justicia

Como cuestión previa, corresponde definir qué se entiende por “justicia”.

El uso cotidiano, da lugar a una suerte de polisemia o fenómeno del lenguaje que consiste en que una misma palabra tiene varios significados.

Similar situación fue advertida por Robert Merton, en su célebre “Teoría y estructuras sociales”, señalando que diferentes disciplinas y el lenguaje popular se apropian de una palabra, con el resultado inesperado de que su significado se hace con frecuencia oscuro.

En este caso, el término “justicia” será utilizado como frecuentemente lo hacen los medios masivos, haciendo referencia a las resoluciones producidas por el conjunto de organismos y personas que se dedican a aplicar las leyes en los tribunales y juzgados.

Cabe señalar que las noticias sobre el quehacer tribunalicio, se reduce en algunos medios a la actividad de un puñado de magistrados o funcionarios, especialmente con sede en Comodoro Py, a tal punto que dicha referencia se ha hecho casi exclusiva en el conocimiento de la población

De allí, que la opinión pública abreve en esa estrecha porción de la actividad jurisdiccional, ignorando la inmensa masa de resoluciones judiciales que a diario se dictan a lo largo y ancho del país.

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Tribunales de diferente jerarquía y competencia (civiles, comerciales, penales, laborales, de menores, de familia, previsionales, contencioso administrativo, juzgados de paz, etc.) resuelven cotidianamente enorme cantidad de conflictos humanos contribuyendo con ello a la paz social, que de otra manera se vería seriamente comprometida.

Cuestiones alimentarias, tenencia de hijos, daños y perjuicios que en muchos casos revelan cuestiones dramáticas, despidos, quiebras que importan desocupación y crisis de economías regionales, juicios contra arbitrariedades del Estado, ajustes jubilatorios, declaraciones de inconstitucionalidad, violaciones, estafas (en muchos casos a jubilados) y un extenso etc., etc. Todo ello en un horario “ampliado” cuando es necesario despachar el cúmulo de expedientes, con un personal acotado.

Baste observar los despachos iluminados o la salida de personal fuera del horario tribunalicio. También a magistrados y funcionarios llevándose “trabajo a casa”, para pesar de sus familiares. Por supuesto, todo ello, sin el pago de horas extras.

Ocurre que a pesar de ese enorme esfuerzo, una gran porción de la población desconoce esa realidad. Su experiencia concreta se reduce generalmente a una sucesión, alguna información sumaria u otro trámite de menor envergadura. La imagen global, se construye a partir de los datos que aportan algunos medios masivos.

Correspondería plantearse entonces, como se supera una situación que es a todas luces disvaliosa, toda vez que refleja una realidad disfuncional, un divorcio traumático entre una actividad esencial de la vida en sociedad y el conocimiento que gran parte de la sociedad tiene de la actividad.

En primer lugar, los medios debieran tener secciones específicas dedicadas a la actividad judicial, ello implica lógicamente que se encuentren a cargo del personal idóneo.

De tal manera, no sólo se ampliaría el conocimiento de la inmensa actividad de los tribunales, si no que se haría una suerte de tarea docente, explicando en lenguaje sencillo lo que a veces resulta incomprensible para el ciudadano de a pie.

Otra medida que resultaría altamente positiva es que el Poder Judicial, a través de alguna de sus dependencias, publicara en los medios masivos un resumen de la actividad que desarrollan sus organismos.

Ciertamente, existe una suerte de pudor por parte de los integrantes de ese Poder, en hacer pública su actividad.

Pero, con el fin de superar aquel divorcio traumático, se hace imprescindible abandonar todo prejuicio para que la población conozca el esfuerzo cotidiano de magistrados, funcionarios y empleados de todas las jerarquías, para poder mover una enorme maquinaria que sin ese esfuerzo se convertiría en una mole inerte.

Aclaración final: aunque elemental cabe aclarar que estas humildes reflexiones de ninguna manera significan una defensa incondicional de la actividad jurisdiccional, tampoco una actitud corporativa de quien transitó -utilizando la jerga tribunalicia- “ambos lados del mostrador”, ni ignorar comportamientos deshonrosos, que obviamente deben ser sancionados.

Solamente se postula analizar el quehacer de uno de los poderes del Estado, con ecuanimidad. De otra manera se seguirá observando la realidad a través de una visión prejuiciosa e/o ignorante de la realidad.

En otras palabras: la población merece ser informada de manera cabal sobre el quehacer de la “justicia” y poder así sacar sus propias conclusiones.

(*) Ex Juez Civil y Comercial (Depto. Judicial La Plata). Licenciado Especialista en Sociología Jurídica (UNLP).

Nota del autor: una primera versión se encuentra impresa en la revista Justicia y Libertad.