Acusan a un médico de otorgar 181 años de licencias truchas

La Justicia penal platense ordenó detener a 28 personas acusadas de gestionar y beneficiarse con licencias truchas de auxiliares docentes bonaerenses, valiéndose de una maniobra que ocasionó un perjuicio millonario a las arcas del estado provincial. Hay que tener en cuenta que la investigación abarcó un año (entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018), sólo en el distrito de Lanús, informaron fuentes judiciales.

Uno de los principales acusados es el médico Rubén Massobrio, quien autorizó un total de “181 años de licencias” de auxiliares, y se le imputa el delito de “defraudación contra la administración pública en concurso ideal con falsificación de documento”, agregaron los mismos voceros. Entre los domicilios registrados figura la sede del gremio UPCN, en Lanús. Al cierre de esta edición se habían concretado ya ocho detenciones (los operativos arrancaron a la tarde), del total de las ordenadas por el juez de garantías platense Guillermo Atencio a instancias del fiscal Álvaro Garganta, en el marco de una causa que se inició con la denuncia formulada por la Oficina de Fortalecimiento Institucional de la Provincia.

Según figura en las actuaciones, 25 auxiliares docentes bonaerenses presentaron ante la Dirección General de Cultura y Educación 65 certificados médicos apócrifos “que les eran entregados, a cambio de una suma de dinero, por otra persona a fin de obtener de ese modo licencias por enfermedad”.

Algunos de esos documentos tenían sellos y firmas apócrifos -agregaron las fuentes- en tanto que otros habrían sido rubricados por Massobrio. También apareció un centro médico inexistente cuyo teléfono estaba a nombre de uno de los imputados, un ex empleado de una farmacia de Lanús, de la que fue desvinculado por “irregularidades en el desempeño de sus funciones”, se agregó.

Uno de los testimonios más reveladores de la causa corresponde a un suplente que aseguró haber sido amenazado por la titular del cargo, quien “le exigió la entrega de 800 pesos para que ella pudiera renovar su licencia médica, que le permitía a él continuar trabajando”. Por temor a represalias, este testigo habría “entregado esa suma todos los meses en el consultorio del médico imputado”, además, dijo un pesquisa, “de sumas adicionales de su sueldo”. Según los denunciantes, con la presunta complicidad de al menos un gremio se habría montado este sistema, por el que el Estado pagaba más de dos sueldos por cargo, ya que los suplentes también sacaban licencias.

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