Tribunal de Cuentas: quieren reemplazar a funcionarios de carrera por políticos

El Tribunal de Cuentas de la Provincia sigue siendo un hervidero y está a un paso de consagrar lo que el personal del organismo denuncia como un avance de la política por sobre la carrera técnica especializada, una movida que también viene denunciando el gremio del sector.

El último jueves de mayo, en una reunión del pleno del cuerpo, tres de los cuatro vocales recientemente designados por un acuerdo político entre Cambiemos y la oposición justicialista dieron un paso más en lo que parece una estrategia para aislar al presidente del Tribunal, Eduardo Grinberg: propusieron ocupar cinco de las siete secretarias del organigrama con personas que no acreditan historia profesional en el organismo y que llegarían apadrinadas por referentes políticos de la Provincia. Grinberg, de quien dependen los nombramientos, analiza ahora qué pasos seguir.

La propuesta oral en el encuentro del pleno, volcada en un acta que se firmó una semana después y a la que accedió este diario, fue realizada por el vocal Gustavo Diez, que llegó al Tribunal a instancias de Cambiemos y que parece capitanear la rebelión interna contra Grinberg que tendría como objetivo un cambio de ciertos esquemas históricos de funcionamiento.

Básicamente, lo que se hizo en la citada reunión -punto 22 del acta- fue ratificar en sus cargos a los dos secretarios que responden a Grinberg, como para no entrar en una guerra frontal con él, y proponer los reemplazos de otros cuatro actuales secretarios de carrera por nombres nuevos y nominar a otro más para una secretaría que se creó hace poco y está vacante. A saber:

-En la recientemente creada Secretaría Legal y Técnica se propuso, como adelantó este diario hace semanas, a Felipe González Barlatay, un joven abogado platense que viene trabajando como técnico en la jefatura de gabinete bonaerense de la mano de Federico Salvai.

-En la Secretaría de Consultas y Dictámenes se presentó el nombre de Pablo De Rosa, ex funcionario en el municipio de Lomas de Zamora y cercano al intendente del PJ, Martín Insaurralde, y al esquema de jefes comunales que lo secundan.

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-En la Secretaría de Auditoría Financiera y Proyectos de Inversión se propuso a Leonardo Di Pietro, un licenciado en administración de empresas de la UNLP, ex empleado de la multinacional Chevron y hombre de Cambiemos, al punto que manejaría las finanzas del PRO bonaerense.

-En la Secretaría de Modernización y Fortalecimiento se nominó a Hernán Jorge Gonzalez, nombre que habría sido consensuado entre dos vocales con diferente terminal política.

-En la Secretaría de Actuaciones y Procedimientos se propuso a María Florencia Vezzetti, actualmente funcionaria en la Secretaría de Legal y Técnica de la gobernación.

La propuesta del vocal Diez fue aprobada por el vocal Juan Pablo Peredo, que llegó al cuerpo respaldado por Insaurralde, y por Ariel Pietronave, también vinculado a Cambiemos. El vocal Daniel Chillo, que fue nombrado en acuerdo con Sergio Massa, votó en contra.

Lo dicho: los secretarios que serían desplazados tienen perfiles técnicos y acreditan dos o casi tres décadas de carrera. Ellos son: Silvina Novello (Actuaciones y Procedimientos), María del Carmen Sabugal (Modernización), Juan Carlos Petrasso (Auditorías Financieras) y María Elisa Napolitano (Consultas) quien, a diferencia de sus colegas, inició los trámites de jubilación.

La avanzada para desplazar a estos funcionarios sorprendió a los empleados y al gremio porque se suponía que había un acuerdo para ir llenando los lugares a medida que los secretarios se fueran jubilando, de manera de no hacerlo tan traumático.

De hecho, en una carta del último jueves dirigida a Grinberg, el secretario general de APOC (Asociación de Personal de los Organismos de Control), Pedro Fernández, se quejó porque los nombramientos se hicieron “sin ningún tipo de consulta y violando explícitamente el acuerdo de palabra sellado con algunos miembros del cuerpo”; y definió la situación como una “vulneración” de la carrera profesional y un “avasallamiento de la política por sobre la técnica”.

La carta de APOC buscó presionar a Grinberg, que es quien internamente tiene la facultad exclusiva de hacer efectivos los nombramientos de acuerdo al artículo 7º de la Ley 10.869 que define que el Jefe de Personal del Tribunal es el presidente del mismo. Sólo él, pues, debe firmar el pedido y elevarlo a la gobernadora María Eugenia Vidal para que saque el decreto de designación.

Los cambios que se vienen dando en la lógica de poder interno del Tribunal luego del ingreso de los nuevos vocales, se iniciaron en marzo cuando la alianza sellada entre cambiemistas y peronistas juntó sus votos en un plenario para modificar el organigrama del cuerpo. Así, varias secretarías que dependían sólo de Grinberg pasaron a depender del plenario, dándole a los vocales más injerencia en ellas. Además, se creo la de Legal y Técnica, con funciones estratégicas, que también depende de los vocales y no del Presidente.

Aquella vez, bajo la tutela de Grinberg quedaron la secretaría de Administración y Recursos y la de Relaciones Institucionales, cuyos titulares, Agustín Mino y Carlos Basile respectivamente, fueron ratificados en la misma reunión de fines de mayo en la que se voto por desplazar a los otros secretarios.