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La evidencia que marcan las estadísticas viales en el sentido de que en la ciudad la cantidad de personas que cada año mueren en accidentes de tránsito –mal llamados así por cuanto, dado el caos que impera en las calles, resultan ser consecuencias lógicas de ese desorden- no sólo constituye un dato que debiera alarmar, sino que, a la vez, deja a la vista un desafío que las autoridades y la sociedad deben enfrentar y resolver.
Tal como lo reflejó una nota publicada en este diario, en los últimos días nuestra ciudad fue escenario de un choque múltiple –que, en el caso del ocurrido frente a la cancha de Estudiantes sobre la avenida 1- involucró al menos a tres automóviles, en un incidente en el que, afortunadamente, no se registraron consecuencias graves- y, el viernes pasado, de un choque en 19 y 527 entre un auto y una moto, que derivó en la muerte del conductor del último vehículo.
Asimismo, en la madrugada del domingo anterior, en circunstancias que todavía no fueron aclaradas por la investigación policial, un joven de 26 años de edad se desvió de la calzada en una calle de Villa Elisa y dio contra un árbol. Lo cierto es que, en lo que va de este año, se registraron en nuestra región 25 muertes en incidentes de tránsito. La cifra deja a la vista que los índices de mortalidad por el tránsito siguen siendo constantes en los últimos años.
Al explicar las causas del fenómeno, los especialistas coinciden en señalar la existencia de diversas conductas de riesgo que se han multiplicado por la falta de controles efectivos y la escasa conciencia vial de nuestra población. Así, se ha dicho que desde 2007 se ha duplicado el uso de los celulares por parte de los conductores, y triplicado entre los peatones. También se han incrementado las muertes en motocicleta o ciclomotor en todo el país por no usar el casco, lo que pese a su obligatoriedad casi no se controla ni sanciona en las grandes zonas metropolitanas y en la mayoría de las ciudades y pueblos del interior.
Desde esta columna se ha dicho, en forma reiterada, que el tema exige una atención absolutamente prioritaria, tanto desde el Estado como desde la propia comunidad. Los accidentes de tránsito se han convertido en una de las amenazas más graves contra la vida. Y nadie queda al margen, ni siquiera los peatones. Es hora, entonces, de reiterar un llamado a la acción para combatir esta amenaza.
El Estado debe garantizar que se cumplan las normas vigentes en materia de seguridad vial. Pero debe asegurar, además, las condiciones adecuadas de seguridad en rutas, autopistas, caminos y calles o avenidas urbanas, enfrentándose prioritariamente el fenómeno del exceso de velocidad. Pero los propios ciudadanos deben asumir como una obligación primordial el cumplimiento de las normas de seguridad vial. Se lo debe hacer en defensa de la propia vida, de los suyos y la de terceros. Y para ello es imperativo que se consoliden las campañas de concientización y se impartan en las aulas, a edades lo más tempranas posibles, fundamentos educativos que hagan a la mejor responsabilidad de las personas acerca de lo que significa el uso de la vía pública.
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